El alcalde, en sus últimas declaraciones, “dijo que iba a abrir una investigación, después de que en julio de 2009, el PA pusiera una denuncia al Ayuntamiento por presunta prevaricación” en esta materia. En septiembre, el PA “acusaba al alcalde y a la concejala de Protección Ciudadana, Cristina Garrido de mirar para otro lado en este asunto”.
Más tarde se paralizaron las grúa debido a las denuncias técnicas que planteó el PA”, en las que acusaban a Sánchez Rull “de no decir la verdad, al tener constancia de que se utilizaba una plataforma que no cumplía los requisitos para remolcar los vehículos, porque literalmente los arrastraba”.
Después, en julio pasado, el PA denunció “que la concesionaria no cumplía el pliego de condiciones y que la anterior concesionaria, Servicios Generales del Estrecho, cobraba supuestamente el recibo de la grúa en una cantidad mayor”.
Por tanto, España pidió al equipo de Gobierno que tome una decisión al respecto, porque, según preguntó el andalucista, “quién vela por el cumplimiento del pliego de condiciones y dónde está el departamento de seguimiento de cumplimiento de los pliegos de condiciones en las adjudicaciones”, anunciado por Sánchez Rull.
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