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Sábado 21/05/2022  

Jerez

Una plataforma contra la implantación de renovables "como cultivos de hortalizas"

Aliente reúne a 192 asociaciones y considera que la Ley LISTA es inconstitucional por permitir megaproyectos de renovables como los de Jerez

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  • Imagen de una planta de energía solar instalada en Jerez recientemente

La Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), una plataforma nacional que reúne a 192 asociaciones, considera que Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) es inconstitucional y permitirá que los megaproyectos de energías renovables se implanten como "cultivos de hortalizas".

Esta plataforma aglutiona a asociaciones y entidades de todo el país que reclaman medidas para que el "boom" de instalaciones de energías renovables se realice sin agresiones a las áreas y actividades de las zonas, normalmente rurales, en los que se implantan.

En una nota de prensa hecha pública hoy, ALIENTE explica que su grupo de trabajo jurídico ha analizado "exhaustivamente" la conocida como Ley del Suelo, aprobada el pasado mes de noviembre y considerada la normativa más relevante de la legislatura del gobierno andaluz.

Tras ese examen, la plataforma ha elaborado un informe que remitirá al Gobierno para instarle a que la recurra ante el Tribunal Constitucional.

Según esta plataforma, la Ley del Suelo "vulnera la autonomía local" e interfiere de forma "escandalosa" y "directa" en los intereses de los municipios.

Esto es así porque la nueva legislación “considera usos ordinarios en suelo rústico las actividades mineras y los megaproyectos de energías renovables”, lo que lleva a considerar “un mega-parque eólico o fotovoltaico en la misma categoría que un cultivo de hortalizas”.

Con esta ley, añade ALIENTE, “desaparece" la actual protección del suelo no urbanizable especialmente protegido, "espacios que conviene preservar por su destacado valor cultural, ecológico, medioambiental, de biodiversidad o paisajístico”.

Las "Actuaciones de Interés Autonómico serán la vía de escape del control ambiental y urbanístico", ya que "el Consejo de Gobierno de Andalucía podrá declarar de interés autonómico una iniciativa empresarial", lo que obligará al municipio afectado a modificar su planeamiento para adaptarlo a la iniciativa.

ALIENTE critica que "una ley que pretende impulsar la sostenibilidad del Territorio de Andalucía", de "carta blanca" a que “en suelo rústico un propietario pueda instalar un parque eólico o un megaparque fotovoltáico sin importar si está protegido o no por el Planeamiento Municipal o si tiene un alto valor ecológico digno de protección”.

Advierte de que "cualquier intento local de modificar su planeamiento para regular los mega-proyectos de energías renovables en su municipio, podrá ser suspendido por el Consejo de Gobierno”.

Esto afectaría por ejemplo a la intención del Ayuntamiento de Jerez de tramitar una modificación de su PGOU para prohibir la implantación de los parques eólicos y fotovoltaicos que se proyectan en suelos de especial singularidad como los viñedos.

ALIENTE remarca que se trata de una “flagrante violación de la autonomía local en materia de urbanismo, al eliminar toda pretensión del Ayuntamiento de planificar los megaproyectos de renovables en su término municipal”.

El pasado mes de noviembre, en la cumbre del clima COP26 en Glasgow, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hizo público que su gobierno está tramitando mil proyectos de energías renovables, dentro de su apuesta por situar a la región como la "primera potencia europea en producción de energía renovable".

Algunos de esos proyectos están suscitando movilizaciones locales.

Entre ellos los municipios gaditanos de Jimena, Castellar y San Martín del Tesorillo y los malagueños de Gaucín y Casares, en una área en la que se prevé la instalación de seis plantas fotovoltaicas que sumarán más de 3.100 hectáreas de suelos.

Estos ayuntamientos han pedido a la Junta una moratoria, para que los proyectos no se levanten sin que haya antes una planificación que permita que estas plantas se desarrollen de forma sostenible, sin dañar otras actividades y valores de sus territorios.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha aclarado que esta reclamación no "está en contra del desarrollo de las energías limpias, al contrario, sabemos que es el camino hacia la transición ecológica y la reducción de las emisiones de efectos contaminantes, pero debe hacerse de forma justa con los territorios para que nadie pierda en este camino" y no se lastre a otros sectores como el turístico, la agricultura o la ganadería

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