Tras suspenderse su comparecencia del pasado mes de diciembre por la premura con la que fue citado, la empresa Herederos de José Castillo, concesionaria del autobús urbano de la capital desde 1961, saldó ayer cuentas con el Ayuntamiento y, por ende, con la ciudadanía jiennense. El gerente de la empresa, José Miguel Castillo, junto a una asesora jurídica, compareció en la Comisión de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias en un momento en el que el Consistorio aguarda el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía sobre si existe o no nulidad de la prórroga a su contrato que aprobó el Pleno en 2005. “Sí hay elementos para decretar la nulidad del contrato”, manifestó ayer la presidenta de la comisión, Lucía Real, del grupo Adelante Jaén, quien valoró, no obstante, el hecho de que Castillo rindiera cuentas a los grupos políticos.
Los únicos datos con los que la presidenta de la comisión dijo existir divergencias con los manejados por el Consistorio fueron los relativos a los ingresos de Castillo en el último año. Según Real, ascendieron a 1.511.517 euros por el número de viajeros -267,621 menos que en 2018-, 1.040.279 euros de ingresos por tarjetas y 512.366 de ingresos del Ayuntamiento. Castillo, que esgrimió que la deuda actual del Consistorio es de 1.300.000 euros, tiene en servicio 20 líneas con 38 vehículos . Por cierto que la empresa informó de la adquisición de dos nuevos autobuses (como estipula el contrato), aunque el gerente señaló más tarde, en los micrófonos de Radio Jaén, que el concejal de Transportes, Miguel Castro, les ha dicho que pospongan su entrada en servicio hasta resolverse el expediente sobre la nulidad del contrato. Además, Lucía Real mostró su sorpresa por el hecho de que de los 64 conductores de la empresa, 34 mantienen contratos por obra y servicio, mientras que otros dos, vigilantes de seguridad, cuentan con contratos por circunstancias de la producción aunque, a juicio de la concejala, desempeñan también las labores de limpieza de los autobuses.
De otro lado, el Ayuntamiento va a encargar un estudio sobre las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los autobuses urbanos para determinar si estas imágenes, en las que aparecen los usuarios, pueden conculcar sus derechos. Según Real, Castillo justifica las cámaras para el control de sus trabajadores en las puertas de entrada de los autobuses pero, se da la circunstancia, de que hay cámaras instaladas tras el conductor que graban a los viajeros sin que se avise de su uso. “José Castillo ha manifestado, en su descarga, que han registrado un fichero en la Agencia de Protección de Datos pero se le ha informado de que este hecho no permite instalar cámaras donde se quiera”, explicó Real para quien “si las imágenes se guardan debe hacerlo una empresa especializada”. Y sobre la ausencia de información en los paneles informativos y la propia aplicación para conocer los tiempos de espera de las líneas, el gerente de Castillo lo justificó por el cambio en las canceladoras, producido en 2018, momento en el que esta información paso a ser gestionada por el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que depende del Consorcio de Transporte. Situación de la que Castillo dijo haber informado al Ayuntamiento hasta en cuatro ocasiones sin tener respuesta. También se acordó ampliar el horario de la línea 9 que cubre el trayecto entre la UJA y San Felipe, quien comenzará a las 7 de la mañana con dos vehículos que recogerán viajeros a las 7.00h y las 7.30h para continuar, después, su frecuencia habitual.
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