“Resolver no significa una amnistía. Este decreto viene a integrar los territorios. Y será fundamental la participación y colaboración de las administraciones siendo pieza fundamental los propietarios de las viviendas y los ayuntamientos”, dijo ayer la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, durante el acto celebrado para presentar a los ayuntamientos de la provincia el decreto de la Junta para buscar una solución a las viviendas irregulares. El secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez, participó en la reunión y admitió la existencia de dos problemas concretos a los que enfrentarse con este decreto. Por un lado, la indisciplina urbanística con infinidad de viviendas irregulares donde, en muchos casos, han prescrito los plazos y, por otro lado, está el problema medioambiental con el impacto que generan estas viviendas. “Hay algunas viviendas que, hoy por hoy, con el decreto en la mano no entran en dicho decreto. Por ejemplo, las que están en suelo protegido porque ahí no han prescrito las infracciones,o las que están en zonas de riesgo de incendio forestal o zona inundable. Ahí, si se pueden tomar medidas que minimicen, reduzcan o anulen el riesgo y se podría levantar el impedimento”, señaló Gutiérrez.
En la provincia son más de 40.000 las viviendas irregulares que podrían acogerse al decreto de la Junta, unas 5.000 de ellas en la capital. Por cierto que el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio admitió que es necesario acometer una nueva revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, tras la anulación sufrida por los tribunales. Mientras, dijo Gutiérrez, podrá trabajarse con modificaciones puntuales. Y aquí comprometió la colaboración de la Junta con el Ayuntamiento jienense en el nuevo marco urbanístico.
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