La reestructuración de las agencias y entes públicos que quiere acometer el Gobierno PP-Cs va a empezar por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un organismo que este lunes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), ponía como ejemplo de la anterior gestión del PSOE: “Se crean órganos, se inflan de personal, de gastos generales y tienen poco que hacer”.
Lo que se haga con este ente servirá de modelo posterior a una reforma que no descarta despidos en el futuro. Este extremo no lo negaron ni la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ni el propio Bendodo, quien señaló que estos organismos “se van a analizar en profundidad y se van a hacer más eficaces, lo que no conlleva necesariamente despidos”.
El consejero insistió en que no puede mantenerse el actual modelo, del que puso como ejemplo a esta agencia: con un total de 483 empleados, tiene un presupuesto de 24 millones de euros de los que 18 se van en el pago de nóminas y cinco en gastos generales. “Al final queda un millón para actividad cultural”, lo que definió como “un auténtico disparate”.
Análisis de la auditoría
Lo que este lunes se llevó al Consejo de Gobierno ha sido una reforma de los estatutos de la agencia que, según Del Pozo, es “consecuencia directa de la auditoría” que llevó a cabo la Intervención General. El análisis determinó que había una distribución del trabajo “poco eficiente, ineficaz, poco transparente y desorganizado”.
Al margen de acometer una reforma interna del ente, la consejera se detuvo en destripar cómo actuaba la anterior administración para engordar el millón que quedaba para actividades culturales. Por un lado se “arañaba” otro millón ahorrando en personal (apuntó en concreto a excendencias y bajas), pero como “tampoco era suficiente” se regateaba con las subvenciones.
Y es que, además de su presupuesto, la agencia tenía 2,3 millones para conceder ayudas, pero “se ponían todo tipo de dificultades” para que no se gastara todo el dinero y, así, se conseguían 1,3 millones que, en teoría, tendrían que devolverse a Hacienda. Del Pozo apuntó que habrá “una reorganización de las plantillas” para evitar casos como que había un programa dotado con 27.000 euros que gestionaban siete trabajadores.
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