El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Esto es lo que dice el artículo 124 de la Constitución sobre la función del Ministerio Fiscal, que en Jaén está representado por su fiscal jefe, Carlos Rueda, y que hace unos días comunicó a las partes, después de que se filtrara a los medios de comunicación, el recurso de apelación, en el que pide que decaigan los delitos que se le imputan al exalcalde, exsecretario de Estado y presidente de honor del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, por el caso de Matinsreg. El texto ha sorprendido a parte de la abogacía jienense. VIVA JAÉN ha pedido la opinión de letrados y juristas y a algunos de ellos les ha sorprendido tanto la extensión como la intención de evitar el juicio, ya que tan solo se trata de juzgar unos presuntos delitos. En este sentido, aluden a que se ha optado por la fórmula de recurso de apelación y no a recurrir la imputación, ya que al haber solicitado ya las acusaciones provisionales la apertura de juicio oral por los diversos delitos, con independencia de la calificación del Ministerio Fiscal, el juicio oral se abriría, tal y como dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las fuentes consultadas no entienden tampoco por qué el Ministerio Fiscal desacredita todos los testimonios, incluido el del Oficial Mayor, al que responsabiliza incluso de haber emitido un informe que daría confort a las actuaciones, dando, sin embargo, toda la credibilidad a la declaración de otros testigos. Resulta curioso que el informe del Oficial Mayor sirva para exculpar a Fernández de Moya y no al resto, dicen. Por todo ello, lo que más sorprende a los juristas y abogados consultados, es que sea el Ministerio Fiscal el que justifique que el alcalde no sea responsable teniendo en cuenta que no puede estar en todos los detalles, cuando es la Fiscalía la que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”, tal y como, insisten, recoge la Constitución. Ahora será la Audiencia Provincial la que tenga que valorar si el exalcalde tiene que ir a juicio como el resto de investigados, donde un jurado decidirá sobre la inocencia o culpabilidad de cada uno de ellos.
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