La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, y en el marco de la operación 'Cervogues' ha detenido a siete personas e investiga a otras 16 más presuntos pertenecientes a tres grupos organizados que actuaban de modo independiente desde diversos puntos de la provincia de Jaén, dedicados a la compra y suministro de desmogues de ciervo y gamo de forma fraudulenta.
El coronel jefe de la Comandancia jiennense, Luis Ortega, y la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, han informado de que había casos de ventas reales en los que “se inflaban los datos” para multiplicar la cantidad sin que los afectados fueran, igualmente, conscientes.
La Guardia Civil ha constatado que hay 87 personas perjudicadas en las provincias de Albacete, Asturias, Cantabria, Cádiz, Almería, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Huesca, Lleida, Logroño, Madrid, Menorca, Oviedo, Sevilla, Soria y Toledo.
El número podría ascender a 150 personas. Del “estudio exhaustivo” efectuado sobre los primeros seis meses de 2018, se ha comprobado la existencia de facturas por 42,5 toneladas de asta de ciervo y gamo, y 1,2 millones de euros, de los que “han sido fraudulentas 33,3 toneladas”. También hay un fraude “en unos 900.000 euros”, detalló Ortega.
El análisis, en colaboración con la Agencia Tributaria, se va “a extender a los últimos cinco años”. Se estima que en este periodo, la venta a través de mayoristas asciende a 425.088 kilos de astas por importe de 11.912.382 euros y que la facturación realizada simulando la compra de 333.724 kilos de astas de ciervo y gamo ha sido por un importe de 8.932.872 euros.
El destino de las astas era el mercado asiático, concretamente Hong-Kong, donde se transforman en productos con fines medicinales y terapéuticos, así como de EEUU y Canadá, donde eran transformados en productos para perros (piensos o juguetes).
El cabecilla del grupo de La Carolina proporcionaba un lugar físico para las operaciones, dando de alta en la Seguridad Social a testaferros a los que obligaba abrir cuentas bancarias destinadas a blanquear dinero.
Los testaferros se dedicaban a la captación de personas para la firma de facturas, a cambio de compensaciones económicas, realizando transferencias bancarias y falseando los datos ante la Agencia Tributaria.
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