En estas semanas los ciudadanos encadenados a una hipoteca nos hemos visto sometidos a la misma sensación que se experimenta cuando te subes en una montaña rusa y te dejan caer desde lo más alto hasta el suelo, de forma extremadamente rápida, sin entender ni cómo, ni por qué. La confusión, la incertidumbre, la indignación nos ha arrollado y se ha llevado por delante la credibilidad de la justicia y la confianza en una separación de poderes que entendíamos consagrada en nuestra Constitución Española. Las decisiones tomadas por el “más alto Tribunal”, han provocado el descrédito ciudadano ante una justicia herida desde hace tiempo y que se mantenía a duras penas a salvo de las críticas por algunas sentencias dictaminadas en casos de corrupción o por violencia de género. Ha tenido que ser el cambio de criterio del Tribunal Supremo en relación al pago del “impuesto de las hipotecas” el que haya desatado la rebelión de la gente. El Presidente del Tribunal ha gestionado de la peor forma posible una crisis, un conflicto generado por ellos mismos de forma vergonzosa y de la que difícilmente podremos recuperarnos. Los ciudadanos hemos sido los agraviados y perjudicados, sometidos a la confusión y al desamparo judicial, frente a una banca poderosa que ha querido ganar de nuevo, como siempre. Un país entero pendiente de la decisión de una justicia débil, desacreditada y ajena a los intereses generales, ha sido testigo principal del poder de los mercados financieros. No ha importado el coste que hemos soportado para rescatar una banca que no tiene alma, que es ambiciosa y abusiva para con los “clientes” y que no ha tenido intención de contribuir en los momentos de especial dificultad por los que siguen atravesando millones de familias y miles de empresas. Ha quedado demostrado que la justicia ni es ciega, ni sorda; es más, la justicia es permeable al miedo, a las advertencias realizadas desde las entidades financieras. La reacción del Gobierno de España ha sido rápida: poner freno ante el abuso y proteger a los consumidores que estaban a la espera de la firma de una hipoteca. El Ejecutivo ha enviado a debate la modificación de la Ley para que el cliente no asuma a partir de ahora el impuesto y además creará mecanismos que garanticen los derechos de los consumidores. Queda por ver la respuesta de la banca. Espero que actúen con algo de alma.
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