Vuelta a empezar en el conflicto de las viviendas Protegidas de la capital. Doce años después de la catalogación de estos inmuebles, y nueve después de que la Junta anunciara una inversión de 24 millones en la rehabilitación integral de los cuatro bloques de estas viviendas ubicadas en pleno centro de la ciudad, el conflicto vuelve a su punto de origen. Los vecinos valoraron ayer el “talante” del nuevo delegado de Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras, por visitar estos inmuebles, algo que “no hicieron sus antecesores”, según indicó el portavoz vecinal, Juan José de la Torre.
Sin embargo, los representantes vecinales dejaron claro que su propuesta pasa únicamente porque la Junta “cumpla la prometido” y asuma la inversión anunciada en 2009. José Manuel Higueras se reunió ayer con los vecinos para invitarles a “comenzar a trabajar” en las actuaciones más urgentes, especialmente la del ‘Grupo 1060 José Antonio’, con muchas de estas viviendas con amenaza de desalojo y que no superaron las inspecciones técnicas de edificios. “Hay que ponerse a trabajar ya, porque no es incompatible esta actuación con la búsqueda de otras inversiones”, indicó Higueras a los vecinos, tras lamentar que en la última Orden de la Junta para rehabilitación de comunidades no se recibiera ninguna solicitud desde las Protegidas. La Junta ha destinado casi 900.000 euros para atender todas las peticiones que le han llegado desde la provincia para obras de eficiencia, accesibilidad, cubiertas o estructuras.
Con todo, Higueras admitió que esa línea de ayudas podría ampliarse si hubiera voluntad vecinal. Lo que sí dejó claro que es la inversión de 24 millones anunciada por la Junta en 2009 “no va a venir” puesto que, según subrayó, se hizo en un momento “histórico” y en un escenario económico muy diferente al actual. Pero los representante de las Viviendas Protegidas mostraron su desacuerdo con el delegado (lo hicieron en plena comparecencia de Higueras ante los medios de comunicación) y le remitieron al compromiso de la Junta para invertir 24 millones en la rehabilitación integral de las viviendas. Los vecinos, dijo Juan José de la Torre, descartan también el convenio a cuatro bandas que les propuso la Junta (similar al de Santa Adela, en Granada) por la “quiebra técnica” del Ayuntamiento y la negativa de los vecinos a la cofinanciación. Según ese convenio, la financiación sería: Junta de Andalucía (29%), Ayuntamiento (29%), el Gobierno Central (34%) y los vecinos (8%), Tanto los vecinos como el Ayuntamiento insisten también en descatalogar las Viviendas, algo que, según Higueras, no solucionará el problema a corto plazo. “Si esperamos otra década para abordar el tema, iríamos a una estrategia fallida”, señaló.
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