Aunque la Abogacía del Estado no depende del Ministerio de Hacienda, el informe que deja sin efecto el acuerdo plenario del pasado año para la cesión demanial externa del Museo Ibero a la Junta, vuelve a colocar en las conversaciones de los mentideros políticos de la ciudad la figura del exalcalde, ahora secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, como posible artífice de la nueva situación administrativa creada, como ya sucediera con la concesión del Plan DUSI (sin olvidar la baja puntuación que alcanzó el informe, con claros déficit, sobre todo en lo que a participación ciudadana y social, algo prioritario para la Unión Europea). En cualquier caso, y dejando claro que la titularidad del terreno siempre ha sido del Ayuntamiento de Jaén (otra cosa es el edificio) e iba seguir siendo, el informe echa por tierra la figura jurídica que se había alcanzado con esa cesión demanial externa, que hubiera permitido, incluso ampliando el uso a cultural y no solo como fin museístico, que el Museo dependiese solo de los últimos pasos de la Junta, que ya preparaba la exposición temporal mientras se ultimaba la musealización y la contratación del personal. Ahora, vuelta a empezar con la sensación, una vez más, del uso de la administración como instrumento de oposición sin tener en cuenta el interés general.
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