Los datos ofrecidos ayer por la Subdelegación del Gobierno confirman la tendencia de los últimos años. Prácticamente uno de cada tres conductores sometido a la prueba de drogas da positivo, mientras el alcohol es prácticamente ya residual, con un uno por ciento el pasado año. Una estadística demasiado alta para obviarla y, sobre todo, para no tenerla en cuenta de forma muy seria. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en los años ochenta y noventa con las campaña nacionales previniendo del peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, el Gobierno central y la Dirección General de Tráfico no cuenta con campañas para concienciar, no solo del peligro del consumo de estupefacientes cuando se conduce, sino de las consecuencias a medio y largo plazo que genera el consumo de drogas, que más allá de las físicas, que condenan a los consumidores tarde o temprano a serios problemas socioeconómicos, laborales y de desestructuración familiar. Si a ello sumamos que los jóvenes cada vez consumen alcohol y sustancias a edades más tempranas, nos encontramos ante una bomba de relojería a la que nadie quiere ponerle el cascabel. Los datos deben preocuparnos, así como los accidentes en las vías urbanas, el gran caballo de batalla de Tráfico desde hace décadas.
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