El mes de abril dio un respiro, tímido, a las cifras del paro en la provincia de Jaén, ya que casi ochocientos jienenses abandonaron las temidas listas gracias principalmente a la agricultura y al sector servicios. Sin embargo, Jaén sigue contando con más de 63.000 desempleados, un dato que no deja indiferente ni a sindicatos, ni a la patronal, que recuerdan que es necesario rebajar muy mucho estas cifras. Mientras se conocían los datos del paro, la Comisión Regional contra el Fraude hacía públicos los referentes al fraude laboral y fiscal en Jaén. Solo el año pasado, la labor de la mermada plantilla de inspectores de trabajo hizo que afloraran 1.352 empleos irregulares, que se suman a los 5.500 de la legislatura y que no es más que la punta del iceberg de una economía sumergida que oscila según los datos oficiosos en torno al 25 por ciento del PIB de la provincia. Esta lucha contra el fraude, también fiscal, ha supuesto una recaudación extra de más de diez millones de euros. Es la otra cara de la moneda, la que todo el mundo niega, empresarios y trabajadores, pero que es práctica habitual en una sociedad que reclama a quienes les gobiernan lo que ellos no son capaces de hacer. O fue el huevo antes de la gallina. Pues eso.
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