Los vecinos de la comunidad 'Grupo 1060 José Antonio', enclavada en el conjunto de viviendas de la capital conocidas como 'Las Protegidas' y con un antigüedad de 70 años, se reúnen hoy con el edil de Urbanismo, Javier Márquez, para reclamar soluciones a la situación a la que se han visto abocados ante el informe negativo de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Las 26 familias que residen en las terceras plantas de los bloques tendrán que desalojar de forma inmediata sus hogares porque las condiciones de habitabilidad son peligrosas.
La resolución de la Gerencia de Urbanismo exige a la comunidad de vecinos afrontar medidas cautelares como el vallado del edificio, la colocación de una visera que proteja a los viandantes y a quienes ocupen el patio residencial y se prohíbe el uso de los balcones, entre otras medidas, según reconoce Juan José de la Torre, presidente de la comunidad. Hace tres años, en la calle Úbeda, número 1, hubo un derrumbe de la techumbre del portal.
Los vecinos ya presentaron un informe denunciando la situación de las viviendas, por lo que la ITE negativa no ha sido una sorpresa. Pero siguen en la misma situación económica y es que no tienen disponibilidad para hacer frente a las medidas preventivas ni a la presentación de un proyecto de rehabilitación integral del inmueble en tres meses como les pide Urbanismo. “Nos dijeron que la ITE iba a ser gratuita y la hemos pagado nosotros. No vamos a presentar ningún proyecto de rehabilitación porque la Junta de Andalucía se gastó hace nueve años 800.000 euros en un proyecto”, denuncia Juan José de la Torre.
La urbanización está incluida desde 2006 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Histórico-Artístico. Una orden de la Consejería de Vivienda de febrero de 2009, recuerda Juan José de la Torre, contemplaba una inversión de 6 millones de euros en la rehabilitación de las viviendas que “nunca se ha materializado”.
Por ello, la semana pasada los vecinos presentaron un requerimiento por vía administrativa a la Junta de Andalucía y si en un mes no responden, acudirán a la vía contencioso-administrativa. Reclaman atención a las 120 familias residentes, mayoritariamente personas mayores y en algunos casos con pocos recursos económicos.
Los vecinos llevan años pidiendo la descatalogación de las viviendas ante los incumplimientos de la Junta de Andalucía y la delegada del Gobierno, en la última reunión con la Federación OCO, dejó abierta esta posibilidad.
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