Tras la tempestad, lejos está aún la calma y en mitad del ojo del huracán hay 429 familias de la capital y 200 trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de la Dependencia. La decisión del alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, de denunciar el convenio para prestar la ayuda a domicilio, sigue trayendo cola a nivel andaluz. Ayer, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno, hizo un llamamiento al alcalde de Jaén para que no jugase con el sufrimiento de las personas en situación de dependencia porque, según advirtió, la Ley que regula la prestación de estos servicios “deja muy poco margen” para desvincularse de ellos. “Tenemos serias dudas de que pueda seguir adelante por estos derroteros con la ley en la mano”, añadió, según recoge Europa Press.
Por su parte, la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del Partido Popular de Andalucía, Alicia Martínez, exigió ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que “cese la operación de acoso y derribo en marcha durante las últimas semanas” por parte del Gobierno andaluz contra José Enrique Fernández de Moya, al considerar que se trata de una “vendetta del PSOE, que sigue sin asumir haber perdido las elecciones en la capital jiennense”.
Mientras tanto, la la presidenta del comité de empresa de Multiservicios Jabalcuz, María del Carmen García, achacó, en declaraciones a Europa Press, a un tipo de venganza del alcalde, contra las protestas de las trabajadoras. No obstante, manifestó la tranquilidad trasladada por la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, tras reunirse con ella también el pasado lunes. No obstante, la presidenta del comité de empresa puntualizó que las personas que se benefician de este servicio ascienden a más de 700, ya que hay que sumar los 444 usuarios de la dependencia, 85 del SAT municipal y 200 de exclusión social.
La contestación a que la denuncia del convenio se produjo como venganza vino de la mano de la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, quien recordó que el único motivo por el que el Ayuntamiento dejará de prestar el servicio es por los continuos impagos de la Junta de Andalucía.
El Colegio Oficial de Trabajo Social también se pronunció ayer y mostró su preocupación por la decisión, ya que es un adelanto de las consecuencias que puede traer consigo la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y que ha sido denunciada reiteradamente por el Consejo General del Trabajo Social y el Consejo Andaluz de Trabajo Social y los Colegios que los integran, por considerarla “una estrategia para desmantelar el sistema de bienestar social público”.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes fue más duro: "En los sitios donde hay gobiernos de irresponsables, no vamos a dejar tirados a los ciudadanos”. En este sentido añadió que el rechazo de Fernández de Moya a prestar las ayudas a personas dependientes es “una irresponsabilidad” propia de una persona que “no tiene humanidad”, que “no ha creído nunca” en este sistema de atención social y que “encima no perdona a las trabajadoras haberse manifestado” durante el pregón de la feria.
Por último, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra, recordó que la responsabilidad de prestar el servicio es del Ayuntamiento, ante la posibilidad de que la Junta de Andalucía, pudiera solicitar su colaboración, ya que ellos la prestan en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
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