Produce habitualmente el 20 por ciento de todo el aceite de oliva del mundo y el olivar supone el 18 por ciento de su PIB pero la sequía ha hecho estragos en la última campaña y la producción se ha reducido en más de un 80 por ciento, con consecuencias nefastas para las más de 100.000 familias que directa o indirectamente viven en Jaén del oro líquido y, por extensión, para sus municipios.
Instituciones y jornaleros llevan meses reclamando que Jaén necesita más que nunca una solución que palie la amarga situación de los trabajadores del campo, incapaces de reunir los jornales mínimos necesarios para poder acceder a la prestación por la renta o el subsidio agrario. Su petición pasa por la eliminación de esos mínimos exigidos o por un Plan de Empleo Extraordinario como el que tienen comunidades como Extremadura o Canarias.
La respuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegurando que "ningún trabajador del campo" se quedaría sin recibir la prestación por las circunstancias de la sequía, pareció en su momento esperanzadora pero meses después algunos de esos trabajadores han empezado a recibir las resoluciones que les niegan esa prestación y en las que se argumenta, precisamente, que no reúnen las peonadas mínimas exigidas.
La situación es más grave si cabe en el caso de las mujeres, que ven cómo, ante el gran número de demandantes de peonadas, los empresarios contratan en primer lugar a los hombres. Ellas quedan relegadas a echar los jornales con el denominado PER --actual Profea--, el programa de inversiones para que los ayuntamientos ofrezcan jornales a los trabajadores agrarios eventuales en servicios como limpiezas de calles o edificios municipales, mejoras de aceras, alumbrado o infraestructuras, entre otros.
Sin embargo, su solución tampoco está ahí porque si anteriormente lo normal era que un trabajador fuera llamado una vez al año para echar las peonadas del PER, actualmente los demandantes son más y en muchos municipios los jornaleros tienen que esperar tres años para volver a ser llamados. De ese modo, sin haber sumado ningún jornal, o pocos, en el campo y con inciertas posibilidades de poder acceder a los del ayuntamiento, para muchas mujeres es imposible acercarse a lo exigido para cobrar la prestación.
Las jornaleras cuentan que se sienten "engañadas" por las promesas de Báñez y también "desahuciadas" socialmente por la imposibilidad de acceder a los jornales y con ello, a unos ingresos mínimos.
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
En Jódar, donde 4.000 de sus 12.000 vecinos dependen de las campañas agrarias, la situación es un "drama", mantiene su alcalde, José Luis Hidalgo, que en febrero llegó caminando desde el municipio al Palacio de la Moncloa de Madrid para hacerle llegar al Gobierno las demandas de los trabajadores del campo.
Hidalgo recibió una respuesta "protocolaria" pero "sin resultado por parte del Gobierno", aunque productiva desde el punto de vista de la "sensibilización social". Advierte de que no cesará con sus protestas porque no todo cabe "bajo el impermeable de la crisis" y porque el Ejecutivo "tiene que ser sensible y estar con quien lo necesita".
Sobre esa "sensibilización" que defiende el regidor trabajan muchos representantes políticos de ayuntamientos o Diputación. Y es que, dar a conocer la realidad del campo y de los sistemas de protección y prestaciones de los trabajadores agrarios es toda una lucha para ellos, empeñados en la necesaria eliminación de los prejuicios que "encima de Despeñaperros" se tiene de ellos y que ha sido en numerosas ocasiones utilizada para desprestigiar a los andaluces y como motivo de confrontación política.
Los ayuntamientos de la comarca de La Loma son ejemplo de que el PER es una inversión, que se aprovecha y que se "estira" hasta hacer "milagros". Alcaldes como el de Rus, Manuel Hueso, cuentan cómo con ellos se han urbanizado y pavimentado calles, se ha construido una guardería, instalaciones deportivas e infraestructuras industriales, entre otras muchas, algo que habría sido "imposible" de no ser por esas inversiones.
El regidor señala que ahora, el Plan de Empleo de la Diputación, dotado con un montante total de 7 millones de euros y por el que Rus recibe para 2013 75.000 euros "viene a ser un PER extraordinario", el que tanto han reclamado al Gobierno central los alcaldes, una inyección de oxígeno para que los municipios puedan seguir ofreciendo servicios y creando empleo y, con ello, manteniendo la población en el territorio.
FIJAR POBLACIÓN AL TERRITORIO
A lo largo de los años, con los fondos del PER, en Sabiote y Torreperogil, además del mantenimiento de calles y servicios públicos, se han puesto los cimientos de una residencia de ancianos --a punto de inaugurarse-- y de una guardería municipal, en el caso del primero, y se ha creado una ludoteca y un vivero de plantas ornamentales para abastecimiento municipal que prevé servir para formar a trabajadores y expandir negocio, en el segundo.
Sus regidores, los socialistas Luis Miguel López y Josefa Caballero, respectivamente, coinciden en destacar la relevancia de los fondos para que los municipios rurales puedan contar con una serie de servicios básicos y, a la vez, ofrecer algo de trabajo.
Esa también ha sido la filosofía de los gobiernos municipales de Bédmar, que hace décadas pusieron freno a la emigración temporal de su población y a la desestructuración familiar que ella suponía diversificando su agricultura y promoviendo, a través de fondos del PER, el cultivo y producción de espárrago.
Ese impulso a los nuevos cultivos y a la reactivación económica municipal hoy da empleo a más de 200 personas a través de la conservera familiar Congana que desde Bédmar produce un millón de kilos de espárrago, de los cuales el 20 por ciento se exportan en fresco para Alemania, Francia o Suiza y el 80 por ciento se consume en conserva en el mercado nacional.
Los fondos del PER también han servido en Bédmar para el acondicionamiento del entorno de uno de sus edificios más emblemáticos, el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina, la de mayor extensión de toda la Unión Europea, con 61.000 hectáreas.
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