El abogado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero recurrirá en los próximos días el ingreso en prisión de su cliente ordenado por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, ya que considera que "no existe ninguna posibilidad de riesgo de fuga", riesgo que ha constituido uno de los motivos en los que la magistrada ha fundamentado su decisión.
El letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha anunciado a los periodistas que ni él ni Guerrero "están de acuerdo" con la decisión adoptada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, por lo que recurrirá el auto de ingreso en prisión, bien directamente en reforma ante el propio Juzgado bien en apelación ante la Audiencia Provincial, para solicitar su puesta en libertad "sin fianza".
Y es que, según ha subrayado el abogado de Guerrero, éste "ha tenido todas las posibilidades de fugarse" tras quedar en libertad bajo fianza de 50.000 euros el pasado mes de octubre, y sin embargo no lo ha hecho.
Guerrero es una de las nueve personas ya imputadas en la causa que han sido llamadas a declarar por la magistrada en relación a la operación efectuada este miércoles por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las provincias de Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, que concluyó además con 20 personas detenidas y 13 registros tanto en empresas como en domicilios y despachos de abogados.
De los 20 detenidos, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, la UCO ha dejado en libertad al menos a dos de ellos, en concreto a la mujer de Carlos Leal, abogado de Estudios Jurídicos Villasís que se encuentra imputado en la causa, y a su propio hermano, José Luis Leal, también letrado en este despacho.
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