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Miércoles 10/08/2022  

Jaén

Afectados por la hipoteca de Torredelcampo entregan más de 4.000 firmas a favor de la dación de pago

Piden que se modifique la ley hipotecaria

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Torredelcampo-Jaén (PAHT) ha entregado este lunes un total de "4.100 firmas" recogidas en la provincia para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve que se modifique la ley hipotecaria para aceptar la dación en pago y el alquiler social, según ha manifestado el colectivo en un comunicado de prensa.

   La iniciativa impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña en colaboración con sindicatos y asociaciones de vecinos necesita 500.000 firmas para su aprobación, a recoger por todo el territorio español, para que pueda ser debatida en el Congreso de los Diputados.

   "En un principio, la fecha límite era el 31 de octubre de 2012, si bien ahora se ha ampliado el plazo hasta mediados de enero de 2013 para recabar más apoyos y presentar más de 500.000 rúbricas". Además, "la PAHT cuenta todavía con más de mil firmas a espera de completarlas definitivamente y entregarlas en la nueva fecha prevista".

   En concreto, en la provincia de Jaén la PAHT había distribuido pliegos entre voluntarios y distintos colectivos sociales de diez municipios como son Jaén, Torredelcampo, Linares, Úbeda, Jamilena, Torredonjimeno, Villargordo, Andújar, Baeza y La Carolina.

   Tal y como ha explicado el colectivo, desde el pasado mes de abril, cuando se puso en marcha la ILP, la PAHT ha aprovechado "importante eventos multitudinarios para pedir a los jiennenses que con su apoyo ayuden a las familias hipotecadas a saldar su deuda con la entrega de la vivienda".

   Cabe recordar que la ILP Hipotecaria reclama al Congreso de los Diputados la aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos, la paralización de los desahucios, siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad así como el alquiler social, referido a que el ejecutado tenga derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30 por ciento de sus ingresos mensuales por un período de cinco años.
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