La Junta de Andalucía ha expresado este jueves su compromiso formal para empezar la obra del instituto de Enseñanza Secundaria (IES) en el APA III de Jaén "al día siguiente" de que el Ayuntamiento ceda, como le corresponde por "obligación legal", este solar de la calle Martínez Molina que, en cualquier caso, antes debe ser dotacional educativo y no residencial, como actualmente es.
El delegado territorial de Educación, Cultura y Deportes, José Ángel Cifuentes, ha explicado en rueda de prensa que no ha renunciado a su edificación, sino a la "solicitud de la licencia de obras", permiso "que nunca se tuvo", porque estaba a expensas, precisamente, de la modificación puntual sobre el uso del terreno que el Ayuntamiento debería haber aprobado y que no hizo en lo que ha considerado "falta de voluntad política".
Al respecto, ha hecho un recorrido desde que en 1995 se detectó la "necesidad" de un IES en esta zona de la capital, para el que se planteó el Palacio de los Uribe que se desechó por la obligatoriedad de musealizar restos arqueológicos, hasta 2009. Entonces, el anterior equipo de gobierno formado por PSOE e IU propuso el solar del APA III, propiedad de EPSA como pago del Consistorio al construir el nuevo campo de fútbol de La Victoria, e inició los trámites para cambiar el régimen del terreno.
El procedimiento administrativo se desarrollaba de forma positiva, por lo que mientras tanto y viendo que "estaba prácticamente acabado", el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) redactó el proyecto básico y pidió al Consistorio el permiso para las obras que "quedó condicionado a que se acabara esa modificación puntual", de modo que en febrero de 2011 se "informa favorablemente", pero se "hace constar que la licencia está supeditada" a ese cambio.
Junto a ello, el citado organismo instó al Ayuntamiento en noviembre de 2011, ya gobernado por el PP, a lograr la titularidad de la parcela para su cesión. "Es el Ayuntamiento el que tiene que ceder a la Junta y hay base legal: el artículo 170 de la Ley de Educación de Andalucía y la disposición adicional 15 de la LOE exige taxativamente que el suelo debe ser cedido por el Ayuntamiento a la Consejería. Si no, no se puede construir", ha declarado el delegado.
Así, en el caso de que no tuviera el suelo en cuestión, tendría que negociar con el propietario, en esta ocasión, EPSA que, en ausencia de contactos y viendo que incluso el futuro PGOU mantenía la parcela como residencial, realizó alegaciones reservándose la posibilidad de edificar viviendas para "defender sus intereses" y "sentar las bases para una negociación con el Ayuntamiento", evitando perder el valor de ese suelo que se reduciría como dotacional educativo.
PERMUTA Y DIÁLOGO
En este sentido, Cifuentes ha asegurado que la empresa pública estaba "dispuesta a negociar y que el Ayuntamiento le diga me quedo con esta parcela y te damos otra", teniendo en cuanta, además, que ya ha destinado 1,3 millones de euros a los estudios previos y excavaciones arqueológicos que son válidos para cualquier construcción.
"En definitiva: el suelo tiene que ser cedido a la Consejería (por el Consistorio) y hay norma legal que obliga; no hay anulación de la licencia, es de la solicitud de la licencia lo que pedimos, porque la licencia nunca la hemos tenido, y en ningún momento eso significa que la Junta renuncie a la construcción del IES", ha destacado para añadir que el proyecto básico también supuso una inversión de 130.000 euros.
Con este panorama, el delegado ha mostrado su absoluta disposición a "iniciar o proseguir", dado que desconoce si lo hubo antes o no, el diálogo, por lo que se pondrán en contacto "inmediatamente" con los dirigentes municipales para tratar de buscar soluciones. Preguntado por la posibilidad de llevar el instituto a otro enclave, ha instado al Ayuntamiento a tener en cuenta precisamente la inversión y el trabajo sobre el proyecto que ya se han realizado.
"Lo que no se puede hacer es utilizar la instituciones para hacer una campaña política contra el Gobierno de la Junta porque quien sale perdiendo son los ciudadanos", ha criticado Cifuentes sobre la actitud del alcalde, José Enrique Fernández de Moya, de quien no sabe "si se ha informado mal o ha querido informal mal a la ciudadanía".
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