La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar el próximo jueves, 30 de noviembre, a los 13 acusados de la operación Picar con la que la Guardia Civil desarticuló en 2016 una supuesta organización criminal que presuntamente se dedicaba a estafar a compañías aseguradoras forzando la muerte de caballos con el objetivo de cobrar las indemnizaciones.
El caso ya se intentó juzgar en noviembre de 2021, pero se suspendió por la ausencia de uno de los abogados. En octubre de 2022 se intentó volver a juzgar, pero también se suspendió porque uno de los letrados no se pudo presentar a la vista por motivos de salud. A ello hay que añadir en la sala la inmensa mayoría de los acusados mostraron ese día su intención de alcanzar un acuerdo por conformidad, que podría cerrarse este jueves.
La Fiscalía ha presentado cargos contra 13 personas, entre ellas dos veterinarios. Les acusa de delitos de estafa, uno consumado por un montante de 9.500 euros, y 18 en grado de tentativa, 15 delitos de maltrato animal, y cinco delitos de falsedad, de los que uno es continuado en documento oficial. Hay un acusado más, lo que eleva el número a 14, pero que sobre el que ejerce la acusación una de las compañías aseguradoras.
Fiscalía reclama penas a los acusados que van desde los seis años de cárcel a los nueve meses de prisión. En el caso de los dos veterinarios acusados, el Ministerio Público reclama que se le imponga a uno de ellos una pena de dos años y medio de cárcel y una multa de 3.000 euros, mientras que al segundo le pide nueve meses de prisión y 2.400 euros de multa.
El escrito de acusación, al que ha accedido Europa Press, describe a través de 14 hechos detallados ocurridos entre mayo de 2013 y octubre de 2014 cuál era la forma de actuar de esta supuesta red que buscaba el cobro de cuantiosas indemnizaciones después de forzar la muerte de caballos a los que hacían pasar por ejemplares de categoría superior.
La operación se inició en 2015 a raíz de una denuncia presentada por un representante de una compañía de seguros. En dicha denuncia se ponía de manifiesto las posibles anomalías detectadas en las indemnizaciones a pólizas de animales. En concreto, la Guardia Civil tuvo conocimiento de cuatro siniestros equinos que podrían estar afectados.
A dos de estos caballos se les había conducido a la muerte por medio de la eutanasia y estaban asegurados por 19.000 euros y a otros dos caballos se les había diagnosticado muerte por cólico agudo estando asegurados por 24.000 euros.
Asimismo, los agentes pudieron comprobar que las muertes de lo équidos se estaban produciendo en poblaciones alejadas entre sí, en lugares diferentes del habitual de su estabulación y con proximidad cronológica, detectando contradicciones en la toma de manifestación a los propietarios.
Posteriormente, la Guardia Civil pudo observar que un vecino de localidad de Sabiote (Jaén), había reclamado una indemnización por un caballo de su propiedad que tuvo que sacrificarlo al ser atropellado por un vehículo conducido por una persona que se dedica profesionalmente al cuidado de caballos de Baeza (Jaén).
Igualmente, en la localidad de Navalperal de Pinares (Ávila) se detectaron otros dos fallecimientos de caballos a los que se les diagnosticó muerte por cólico, con un capital asegurado de 30.000 euros.
Fruto de estas investigaciones la Guardia Civil pudo comprobar que la organización venía realizando este tipo de operaciones con los equinos para obtener sustanciosas cantidades de dinero, que solicitaban de las compañías aseguradoras, bien de sus caballos o de terceros.
CABALLOS A BAJO PRECIO
La organización utilizaba supuestamente caballos que decían ser de pura raza española sin ser así, ya que en la mayoría de los casos los adquirían a muy bajo precio y luego, con la supuesta connivencia del veterinario, certificaban o informaban de una identidad en las que se les valoraba muy por encima del precio de mercado, aludiendo a sus excelentes cualidades de doma, porte y apariencia física.
Estas tasaciones se realizaban sin hacer ningún tipo de exámenes precompra, practica muy extendida en el mundo relacionado con el caballo, especialmente cuando se trata de animales de pura raza, de cierto valor económico.
Asimismo, los agentes pudieron constatar que los animales accidentados eran sacrificados mediante eutanasia y que no se correspondían con las identidades declaradas pero sí tenían semejanza en su capa que les hacía pasar por aquellos.
Igualmente, sacrificaban animales que no tenían ningún valor por su doma y procedían a la venta de los animales "fallecidos" que verdaderamente sí alcanzaban un gran valor en la venta.
En los casos de fallecimiento por patologías la Guardia Civil detectó falta de atención y cuidados de los equinos afectados, con estabulación, manejo y alimentación, no adecuadas.
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