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Andalucía

El PSOE extiende investigación sobre los contratos de emergencia a todas las consejerías

Han exigido al Gobierno andaluz que facilite "ya" toda la información de los referidos a la Consejería de Salud

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  • La portavoz del grupo parlamentario PSOE-A, Ángeles Férriz. -

El PSOE ha extendido su investigación interna sobre los contratos de emergencia de la Junta a todas las consejerías, tras conocerse la supuesta adjudicación "a dedo" a dos empresas de mantenimiento de carreteras en Cádiz, de la que sospecha que es un caso de "comisionistas e intermediarios".

Los socialistas, que tienen la intención llevar el "caso contratos de emergencias" a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, han exigido al Gobierno andaluz que facilite "ya" toda la información de los referidos a la Consejería de Salud, y solicitará también información sobre todas la obras en infraestructuras sanitarias.

El SAS ha prorrogó cuatro veces el Acuerdo de Emergencia y ha ampliado un presupuesto original de 70 millones hasta casi 243 millones para derivar pruebas oncológicas a clínicas privadas hasta el 30 de junio de 2023, medida que el Gobierno andaluz justifica en la atención de necesidades especiales derivadas de la pandemia.

Sin embargo, informaciones periodísticas a las que da validez el PSOE apuntan a la adjudicación por la Consejería de Fomento, que dirige Marifrán Carazo, de más de 80 obras por 60 millones de euros desde 2019.

Revelan que el mismo día que la empresa Barveal recibió su primer contrato, sin tener trabajadores ni experiencia, la empresa Juan Veas SL, del padre de la administradora única de Barveal, recibió un contrato similar de la Junta sobre el mantenimiento de carreteras en la provincia de Cádiz.

La portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, ha expresado en rueda de prensa este miércoles que los contratos de emergencia sobre el mantenimiento de carreteras se han concedido a una "empresa fantasma que subcontrató cuando no podía hacelo" y que todo apunta a un presunto caso de "mediadores comisionistas", de lo que ha pedido explicaciones al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Tras sostener que la consejera de Fomento se encuentra en el "epicentro" de esta adjudicación "a dedo", no ha dudado en señalar que la "impunidad" del Gobierno de Moreno con el "abuso" de este tipo de contratos "perjudica" a empresas que optaron a los mismos y reunían la condiciones legales.

"Vamos a investigar contrato a contrato, consejería a consejería. Estamos definiendo las acciones legales y acumulando información e iremos donde haga falta", ha advertido.

Está previsto que este jueves comparezca en comisión parlamentaria la consejera de Fomento quien, a petición del PSOE, deberá explicar los contratos realizados en materia de conservación y mantenimiento de la red de carreteras autonómicas.

Férriz ha avanzado que su grupo exigirá explicaciones a Carazo a propósito del contrato de emergencia a la empresa "pirata" Braveal.

Además, ha informado de que la Mesa de la comisión de Fomento, en la que el PP tiene mayoría, ha reducido a la mitad los tiempos de intervención tanto de la consejera como de los grupos, por lo que presentará un escrito de reconsideración a esta decisión.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha calificado al PSOE como "el mayor creador y traficante de bulos de Andalucía" y ha considerado que ante unas elecciones en las que "no tienen ninguna posibilidad" de ganar con la verdad, "están buscando una opción con la mentira".

Ha señalado que las contrataciones de obras en Fomento se han realizado "de manera absolutamente legal" y ha argumentado que la ley de contratos del Estado lo permite e incluso la Junta, "en aras a una mayor transparencia", aumentó los requisitos -la ley permite incluso que sean de carácter verbal- y hubo una media de ocho empresas invitadas antes de tomar la decisión.

Por su parte, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha denunciado "los trapicheos" con la contratación pública de emergencia, y que se pretenda mantener hasta junio, ya que "empiezan a dejar un poso de sospecha sobre que va a ser una práctica extendida", por lo que ha considerado que además de las responsabilidades jurídicas que pueda haber "existen responsabilidades políticas, y muchas". EFE
 

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