El pleno municipal en el Ayuntamiento de Jaén celebrado ayer dejó evidencia del devenir político que a falta de un año y medio para las elecciones municipales se ha instalado en la Corporación. Por un lado, el equipo de Gobierno, representado por PSOE y CS está salvando los puntos importantes para el normal desarrollo de la gestión, gracias a las abstenciones del PP y en alguna ocasión de Unidas Podemos, y por otro, el espectáculo desvestido de utilidad pública que ofrecen los concejales no adscritos y el grupo de VOX.
En cuanto a los primeros, fue el no adscrito Bruno García, quien negó en el punto sobre la modificación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento, solicitado por el Ministerio de Hacienda, quien dijo que sus compañeros expulsados de Cs desconocían la subida del IBI realizada en su día por la edil María Orozco, llegando incluso a afirmar que ni el propio alcalde era conocedor de ello. En este sentido, García aludió a que en ese momento se valoró en el seno de Cs retirar la tenencia de Alcaldía a Orozco, en una nueva versión que se suma a las que ya dio en su día la entonces portavoz María Cantos, algunas de ellas recogidas en este periódico, como que creían que la tenencia debía ir acompañada obligatoriamente a la Concejalía de Hacienda.
Los segundos, el grupo de VOX, separado físicamente en el pleno, volvieron a escenificar su disputa interna votando por separado a petición del concejal Manuel Ureña, enfrentado por la portavocía de su compañera Salud Anguita.
Entre esa distopía plenaria el pleno alumbró algunos puntos de relevancia para los ciudadanos, como el caso de la subida del 5’4 por ciento para el próximo año del precio de los aparcamientos públicos, según el IPC, punto defendido por la edil Estefanía Plaza, que terminó su alocución con la siguiente reflexión sobre la naturaleza de los servicios públicos: “Con un precio público no se debería hacer política, porque como mínimo se debería cubrir el coste del servicio”.
Pero el plato fuerte del día fue la aprobación del punto en el que se presentó la memoria valorada para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una ayuda de 4 millones de euros destinada a una actuación global en el Parque de La Concordia para su renaturalización y modernización.
Las intervenciones recogidas en este anteproyecto se refieren a la totalidad del Parque de La Concordia, con la actuación en una superficie aproximada de 24.000 metros cuadrados, que se dividirán en 4 zonas de ejecución. En cada una de ellas se realizarán medidas de accesibilidad y actuaciones paisajísticas y en todo el perímetro se prevé la instalación de cámaras de seguridad. Se buscará la creación de zonas biosaludables con parterres que aumenten las zonas verdes, con itinerarios que las unan entre sí, aumentando la luminaria y remodelando el área de juego infantil, las fuentes o el parque canino. También está previsto la eliminación de las escaleras, y la sustitución, donde sea posible, del hormigón y baldosa por una cubierta verde y accesible. También se contempla la instalación de nuevos bancos y el riego automatizado, además de la recuperación del kiosco del parque y la adecuación del paseo de las bicicletas y la fuente de los patos.
Por su parte, el concejal del PP, Antonio Losa, cuyo grupo se abstuvo tras haber presentado la moción en el pasado pleno para la remodelación del parque, reprochó al alcalde, Julio Millán, aunque el punto lo defendió la concejala Ángeles Díaz, que en el fondo no existía debate, pero sí en la forma, afeando en estos años que el equipo de Gobierno no se acordara del parque y que lo haga ahora, un mes después de que el PP presentara su moción. Además, reprochó la falta de participación ciudadana en la elaboración de la memoria valorada y acusó al alcalde de no escuchar al movimiento vecinal y a las asociaciones profesionales.
