LA ACUSADA BAJADA DE LA NATALIDAD en todo el país y en Andalucía está dejando al descubierto la apuesta velada y siempre desmentida de las administraciones por la educación concertada frente a la pública, lo que provoca que el descenso de la natalidad lo soporten básicamente las enseñanzas públicas. El principal motivo es muy simple: el modelo concertado es menos gravoso para las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas, si bien existen diferencias entre regiones que apuestan más por la concertada, como es el caso de Madrid o Andalucía, y otras que, aún primando el sistema concertado, lavan la ropa con mayor decoro. El resultado es que España es el tercer país de Europa con más unidades concertadas, solo por detrás de Bélgica y Malta.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística el año pasado la tasa bruta de natalidad en España era de 7’15 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que en Andalucía era algo superior, 7’65 por cada 1.000 habitantes y en la provincia de Jaén de 7’20, más cercana a la media nacional. Esto quiere decir que el índice de fecundidad, es decir, los hijos que nacen de media en el país por mujer, se sitúa en 1’18.

Según el padrón andaluz organizado por edad simple, se puede observar que la población de 0-1 años ha descendido un 23,5 por ciento desde 2009 a 2020, último año con datos estadísticos completos. Esa cifra es mucho más acusada en la provincia de Jaén, donde se ha pasado de los 6.608 nacimientos de 2009 a los 4.516 de 2020, es decir, un 31’66 por ciento menos. Y si analizamos la horquilla de población en Andalucía de entre 0-15 años (que es el final de la edad de escolarización obligatoria) se observa claramente cómo evoluciona este grupo de edad en la última década. Es a partir de 2014 cuando esta franja empieza a decrecer de forma abultada, con 7.269 niños menos en 2009 y 13.976 en 2019. En tan solo 6 años los niños de 0 a15 años se han reducido en Andalucía en 54.493 personas, un descenso del 3,7 por ciento.

Si todos estos datos se trasladan a la educación y con la acusada bajada de natalidad, en la provincia de Jaén, en los tres últimos cursos hasta que finaliza la escolarización obligatoria, se han suprimido 224 líneas (aulas) en los colegios y todas ellas en públicos. Ningún colegio concertado de la provincia ha perdido una línea en estos tres últimos cursos, según los BOJA consultados por EXTRA, ya que la Consejería de Educación no ha facilitado los datos de las líneas que se han perdido en la pública y en la concertada. Sí lo ha hecho con el total de alumnos matriculados. Según Educación, este curso estudian 49.665 alumnos en los centros de la provincia de Jaén, 12.758 menos que hace una década, cuando en el curso 2010-2011 el número de alumnos era de 62.204. El porcentaje entre alumnos en la pública y la concertada durante el presente curso en la provincia de Jaén es del 74’76 por ciento en la enseñanza pública (36.971 alumnos), frente al 25’24 por ciento en la concertada (12.694). Si comparamos estas cifras con el curso anterior se puede observar que en tan solo un año la pérdida de alumnos la ha sufrido la escuela pública, ya que en el curso 2020/21 el número de alumnos en colegios públicos era de 38.193, mientras que el de concertados alcanzaba los 12.884. Es decir, que en el último curso, mientras la escuela pública ha perdido 1.222 alumnos en Jaén, en la concertada solo han causado baja 190 matriculados.

En cuanto a la ratio media de alumnado por clase, en la pública es inferior a la concertada. Desde la Delegación de Educación aseguran que mientras en la pública se sitúa este curso en un 17’48 en Infantil, en la concertada asciende a 22’1. La situación es similar en Primaria, explican, donde frente a los 18’33 alumnos por aula en la pública, hay 23’55 en la concertada. “Esta diferencia en la ratio evidencia que la bajada de matriculaciones en la pública debido a la reducción de la demanda por parte de las familias no es proporcional a la reducción de plazas ofertadas puesto que, en 11 años, la ratio ha bajado 2’5 puntos, mejorando así la atención al alumnado gracias al incremento de los recursos, con especial incidencia en los tres últimos años, cuando la inversión presupuestaria en educación ha ido batiendo récord históricos y, por primera vez, se ha alcanzado el 5 por ciento del PIB”. Desde la Delegación de Educación ponen el énfasis en que en los últimos 10 años no ha habido ningún concierto nuevo en la enseñanza obligatoria en la provincia de Jaén, pero tal y como indican los datos, la bajada de la natalidad la están soportando los colegios públicos y no los concertados, aunque no se hagan nuevos conciertos porque no es necesario matemáticamente.

Un dato más, ahora a nivel regional. En Andalucía, según los datos publicados por la Junta, desde el curso 2015/16 hasta el 2020/21 se han suprimido 2.127 aulas, de las cuales 2.050 eran públicas y sólo 77 concertadas. Se trata de un descenso de 40.000 alumnos, por lo que se puede concluir que el descenso de la natalidad lo está soportando prácticamente en exclusiva la escuela pública.

Según el catedrático de Sociología de la Universidad de Jaén, Felipe Morente, “coinciden factores que hacen que aún tenga prestigio de distinción la educación privada”. Morente lo explica: “Quien puede ir a estos centros es una constatación de sectores de población con un nivel de renta alta y que tienen una oferta educativa especial, no de mejor enseñanza, sino de atenciones distintivas que los hacen predilectos para la opinión social en general”. El sociólogo señala que las personas funcionan por el mimetismo social. “La gente más reflexiva piensa en el ideario del centro privado y es cuando aparece otro elemento, que es la ideología que tradicionalmente ha orientado la educación privada. Están los centros educativos religiosos, que siempre han tenido una fuerte presencia, con un arco ideológico bastante conservador, y otro privado-concertado, donde la educación es más ilustrada al venir de la tradición de la Institución Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos, que hizo laica la educación”, explica. Para Morente el problema de la pública, “aun teniendo excelentes profesionales”, es que un centro concertado en una zona de renta alta y bien acomodada, a priori, tiene mayor reputación en cuanto a la calidad de la enseñanza, ya que no hay colegios privados ni concertados en zonas marginales o desestructuradas. “Pero la pública tiene que estar en todos los barrios y si vivo en uno de renta baja, con cierto déficit cívico o de población heterogénea, aparece el prejuicio”. En este sentido, Morente añade: “La gente de esos barrios no tiene a veces opciones,  pues ante la fuerte caída de la natalidad, esos colegios son poco cuidados, no suelen tener el número de alumnos necesarios y terminan siendo marginales”.

No obstante, el principal motivo, aparte de los históricos derivados de la dictadura franquista y de la Transición, es el coste para los gobiernos. Según los datos del informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional relativos al presente curso, el gasto medio por alumno en la educación pública en España es de 7.486’4 euros, siendo la educación infantil la más barata con 6.199’7 euros y la superior la más cara con 9.938’3 euros por alumno. Sin embargo, en el caso de un centro concertado, la administración financia prácticamente la mitad de esa cifra quedándose en torno a los 3.500 euros por alumno.

Por tanto, los conciertos educativos son una opción más económica para las administraciones competentes, ya que el coste por alumno es mucho más barato en un colegio concertado que en uno público. Con el 17,7% del gasto público en Educación, en España, la concertada escolariza hoy en día al 29% de los alumnos. ¿Y por qué salen más baratos? Por varios motivos: uno, porque los profesores tienen menos salario, más horas y más alumnos por clase; otro, porque los colegios concertados no atienden habitualmente a las zonas rurales, donde este servicio público es más caro, ni tampoco la mayoría de las necesidades especiales; y un tercero es que algunos suelen cobrar, aunque la ley lo prohibe, a las familias una aportación mensual extra, que suele rondar, según los casos consultados en Jaén capital, entre los 20 y 60 euros al mes.

¿QUÉ HA PASADO ESTE CURSO?

En pleno proceso de escolarización en los centros educativos jiennenses, el pasado mes de marzo la Federación de AMPAS ‘Los Olivos’ y el sindicato CCOO exigían ante “el blindaje de la concertada” la “estabilidad” de las plazas públicas. “La escuela pública es la única que soporta la pérdida de natalidad, mientras que a la concertada, aunque no llenan las unidades, no se les recorta y sigue manteniendo su oferta de plazas para la sociedad”, denunciaban. Entre otros ejemplos, en la capital jiennense no se han ofertado las 25 plazas de una unidad ni en el colegio ‘Santo Domingo’, ni en el ‘Martín Noguera’, ni en el ‘Santo Tomás’.

En los tres centros se han ofertado las mismas plazas que se han cubierto en los últimos cursos. De esta manera, al hacer recortes en la oferta de plazas y no a posteriori, viendo lo que las familias han decidido, están restando la capacidad de elección de las familias en la educación pública. Mientras en la concertada no llenan unidades y se les permite salir con la totalidad de plazas que han tenido siempre, a la pública no. Entonces, el delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, emplazaba al mes de septiembre para conocer la situación real de unidades escolares ofertadas en los centros educativos públicos de la provincia, reconociendo que ante la bajada de la natalidad, el concepto de ‘unidad’ ha cambiado. Este curso se han ofertado 7.275 plazas de nuevo ingreso (80% en centros públicos y el 20% en concertados), pero no confirman cómo se traducen esas plazas en recorte de unidades, aunque, tal y como se ha recogido en los BOJA consultados por EXTRA, las unidades perdidas las han soportado solo los colegios públicos de la provincia, no solo en este curso, sino también en los dos anteriores.

 

MALESTAR DEL PROFESORADO EN LA CONCERTADA

Por otro lado, en la concertada también están en pie de guerra, sobre todo, los profesores. Hace unas semanas, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Jaén (FSIE JAÉN), con una representatividad del 67% de los 1.800 trabajadores repartidos en 41 centros concertados de la provincia, mantuvieron un encuentro con el delegado territorial de la Consejería de Educación y Deportes, Antonio Sutil.

Los responsables de FSIE Jaén manifestaron su indignación y perplejidad “ante el incumplimiento, descarado e inadmisible, de este gobierno andaluz de los compromisos adquiridos con el sector a través de programas electorales, acuerdos de gobierno, Leyes y Proposiciones No de Ley parlamentarias”. Por su parte, el delegado se comprometió a trasladar a la Consejería de Educación las reivindicaciones planteadas por el colectivo. Tras muchas peticiones por parte de FSIE para que se negocien los correspondientes acuerdos comprometidos, la Federación protagonizó el pasado 19 de octubre una concentración ante el Palacio de San Telmo. Bajo el lema “Por el cumplimiento de los compromisos del Gobierno andaluz con los profesores de la enseñanza concertada” FISIE reclama el abono de la deuda salarial; el complemento Autonómico para el Personal Complementario y Personal de Administración y Servicios; la concertación del Bachillerato para mejorar las condiciones salariales de sus docentes; el aumento y extensión a todos los niveles educativos de las horas de orientación; y el avance en la equiparación total, laboral y salarial, con los compañeros de los centros públicos, que a su vez están también en pie de guerra por la situación de la enseñanza pública.

Por otro lado, desde el sindicato UGT denuncian que aunque la Consejería de Educación vende que nunca se ha gastado tanto en Educación en términos relativos, no es cierto, ya que históricamente, “el presupuesto de la Junta de Andalucía para Educación nunca había bajado del 23 por ciento, siendo en 2015 del 25.87 por ciento del total. En 2020 ha bajado al 20 por ciento, a pesar de los ingresos adicionales que las diferentes administraciones han obtenido para combatir la pandemia. Desde UGT solicitan también que se haga efectivo el abono en nómina de las cantidades detraídas los años 2013 y 2014 de las pagas adicionales, Acuerdo que el sindicato firmó en 2018 y que a día de hoy siguen sin cumplir. Además, solicitan la equiparación salarial con los docentes de aquellas comunidades autónomas mejor pagadas.

EL 87% DE LOS COLEGIOS COBRA CUOTAS

SEGÚN EL REAL DECRETO 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, en su artículo 14 dice:

1. El concierto educativo obliga al titular del centro privado a impartir gratuitamente las enseñanzas del concierto de acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción a las normas de ordenación académica en vigor.

2. Por la impartición de las enseñanzas del nivel educativo objeto del concierto no se podrá percibir concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por tal actividad.

No obstante, el 87% de los colegios concertados en España cobran una cuota base a las familias al mes, siendo obligatoria en el 77% de los casos, según el Estudio de Precios de Colegios Concertados de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) elaborado el año pasado, que denuncian que esto iría en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación antes referido.

El estudio analiza las cuotas que 338 de estos centros (en siete comunidades autónomas) solicitan a las familias y la información que les facilitan. En la edición presentada en noviembre del 2019, el porcentaje de colegios que cobraban a las familias era del 89%.

El informe recoge que la cuota promedio más alta es la de Cataluña, con 202 euros mensuales, seguido de la Comunidad de Madrid (133,25 euros) y País Vasco (84,07 euros). En Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón las tarifas están por debajo de los 80 euros de media, si bien en las siete comunidades analizadas hay centros que cobran a las familias cuotas por encima de los 100 euros al mes.

El informe también recalca la disparidad existente con respecto a los precios entre unos colegios y otros, habiendo centros que directamente no cobran nada y otros que llegan a los 930 euros al mes, como es el caso del colegio St. Pauls, en Cataluña.

De hecho, es en Cataluña donde más se acentúa la distancia entre la mayor y la menor cuota (930 de máximo, 62 euros mínima), seguido de la Comunidad Valenciana (270 euros la que más, 10 euros la menor cuota).

La consultora Garlic B2B ha llevado a cabo esta investigación por sexto año consecutivo, a través de la metodología mystery shopper, con simulaciones de familias que piden información para matricular a sus hijos en el curso escolar 2021-2022.

Según los resultados de estas simulaciones, un 45% de los centros no hizo entrega de ningún tipo de información sobre los precios y los colegios no siempre indicaban claramente los precios y conceptos por los que pagan las cuotas, por ejemplo. Sólo un 43% de los centros consultados facilita los precios. Además, un 73% de los colegios no mencionaba el carácter no lucrativo de los cobros.

¿POR QUÉ ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS CON MÁS EDUCACIÓN CONCERTADA DE EUROPA?

TRAS LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, la dictadura franquista borró todos los aspectos de renovación y avance educativos logrados en la II República. La escuela debía inculcar una serie de valores basados en el patriotismo y el catolicismo de forma unívoca. Las nuevas leyes educativas aprobadas por la dictadura dejaban la responsabilidad de la educación a la sociedad, con la ayuda del Estado, lo que propició que la Iglesia Católica, como mayor fuerza social, incluso política, asumiera el protagonismo y casi el monopolio de la enseñanza en España. Las escuelas públicas, en las que se separaba a niños de niñas, eran denominadas Escuelas Graduadas, pero el peso de la educación lo llevaban las numerosas escuelas privadas que surgieron, como la de Manuel Moya en Jaén capital, entre otras, y las enseñanzas religiosas, todas ellas privadas. Por tanto, al final de la dictadura franquista el sistema educativo público era raquítico y prácticamente inexistente. En 1970, después de varias leyes educativas, se da un paso hacia el sistema educativo más universal y donde la educación pública comienza a tener cierto protagonismo. En ese año se aprueba la nueva Ley General de Educación General Básica (EGB), cuya finalidad es unificar las dos vías existentes hasta entonces en el sistema educativo franquista: la que seguían los alumnos que a los 10 años superaban la prueba de ingreso para acceder al Bachillerato Elemental, y después pasar al Bachillerato Superior y a la Universidad, y los que continuaban cursando la Enseñanza Primaria hasta finalizar la escolaridad obligatoria a los 14 años e incorporarse al mercado laboral. Así con la EGB, obligatoria y gratuita para todos los alumnos entre 6 y 14 años, la Enseñanza Primaria deja de ser una “vía muerta” y comienza a tomar protagonismo. La segunda gran novedad de la ley fue el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). De este modo se llega a la Transición y ante el ingente reto económico y de infraestructuras nuevas, la vía intermedia de los centros con conciertos surgió como garante del servicio público, un sistema ya vigente en Europa al que se incorporó España con elevados porcentajes desde el principio.

FAMPA LOS OLIVOS

LA DEMANDA MÁS REPETIDA POR LA FEDERACIÓN de  Asociaciones de Madres y Padres de Jaén ‘Los Olivos’ es que no se supriman unidades de los centros públicos, pero la realidad es que se sigue haciendo y lo consideran como “un ataque a la pública, una injusticia”. Así lo confirma su presidenta, Belén Navarro.

“Los centros públicos son un derecho esencial para las familias, la primera opción. Es más fácil suprimir unidades de la pública que de la concertada ya que los conciertos son blindados y cada cierto tiempo se abren, pero no se llega a catalogar como subsidiaria de la pública. Luchamos para que no se supriman las unidades, mientras que la concertada lucha cada cuatro años, que es cuando se renuevan”, explica.

Navarro defiende que la “primera opción de las familias es la escuela pública” ante las “nuevas experiencias educativas que están funcionando”. Confirma: “Cada vez se conocen más y las familias eligen la pública. Sin embargo, al no tener tantas unidades, las familias no tienen otro remedio, por cercanía a su domicilio, que matricular en la concertada”.

No conocen cuántas unidades se han suprimido este curso y están pendientes de una reunión en la delegación de Educación para pedir, entre otras explicaciones, por qué no se baja la ratio en las aulas. “Es esencial para un aprendizaje mejor para el alumnado y el mantenimiento de la escuela pública como un derecho y primera elección”, dice.

A este respecto, advierte de que “no se pueden recortar unidades o cerrar colegios en zonas rurales y en zonas de un contexto social más bajo”.  Dice: “Se tienen que mantener. En la Educación Pública se tiene que apostar por la innovación educativa que es lo que tiene que primar. También premiarse. Los centros rurales están demostrando que la innovación educativa del alumnado es alta, que salen más preparados y tienen menos alumnos”.

La bajada de la natalidad, dice, “afecta a todos los centros, lo único es que a los del ámbito rural, que son los más afectados, se les están suprimiendo las unidades. Ahí es donde se ve el agravio frente a la concertada”.

Recalca que la escuela concertada “no está en las zonas rurales porque no les interesa al no haber foco de población masivo”, señalando “la importancia de la enseñanza pública”. Valora: “La zona rural es la gran desprotegida”.

Desde FAMPA Los Olivos advierten de que “ante la falta de unidades en la pública la tendencia es la concertada, por obligación, pues los centros próximos, asentados en centros urbanos con mayor población, son concertados”.

Las familias les trasladan que en los centros concertados se les cobra una cuota, voluntaria, que se destina a las mejoras del centro y actividades. “Si haces una cuota voluntaria que al final se traduce en casi obligatoria porque los docentes no van a tratar igual a la familia que ha pagado que a la que no, ya hay un trato desigual y discriminatorio. La educación concertada es subsidiaria de la pública y se paga con fondos públicos. Esos pagos son ilegales y deberían ser más investigados por la delegación de Educación”, apunta.

Por otra parte, denuncia que ante el incremento de ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional en la provincia jiennense, “las plazas siguen siendo pocas” y los alumnos “tienen que salir de la provincia para estudiar”. Ésta será otra de las cuestiones que plantearán en Educación. Y es que la Formación Profesional se presenta como la esperanza educativa para fijar la población al territorio, y si las plazas no responden a la demanda estudiantil, no se conseguirá el reto.

ANPE

“LA REALIDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN ES QUE se están cerrando unidades en los centros públicos”. Así lo explica el presidente del Sindicato Independiente ANPE-Jaén, José Cuadrado, que advierte de un “importante” descenso de la natalidad que augura “datos preocupantes” para la pública. 

Señala que la Administración Educativa, “como garante del derecho de una educación de calidad, tiene que asegurar la educación en los centros públicos y ofrecer mejores condiciones, con todos los recursos necesarios para responder a las expectativas de una sociedad más exigente, que demanda mejores servicios; y plantilla de profesorado  que saque adelante la labor educativa con solvencia y profesionalidad”.

El problema, señala, es que “en Andalucía no se han preocupado de ir dotando a los centros con mejores infraestructuras que permitan esa calidad y hagan atractiva la educación pública a las familias”. Ese “deterioro” de los centros públicos “también influye en la pérdida de alumnos en la escuela pública”. La red de centros públicos “tiene que disponer de los mejores equipos docentes y presentar una oferta que responda a lo que esperan las familias”. Apunta: “Los concertados hacen campaña poniendo en valor la importancia de la escolarización para que se matriculen. Lo mismo debe hacer la Consejería de Educación y poner en alza la escuela pública como la única que garantiza la igualdad de oportunidades y es de calidad”.

Advierte de que “la supresión de unidades por falta de solicitud en la escolarización debe ser equilibrada, que no recaiga únicamente en la educación pública”, lamentando que “mientras esté el criterio de la demanda familiar es difícil que se suprima en la concertada”.

Apunta que “si no se tienen centros públicos atractivos, si sus instalaciones y la ubicación no acompañan, no son centros que atraigan”, reclamando inversión. “Ahora han comenzado bastante obras, pero la carencia de años atrás es importante. Las reformas deben ser continuas. Es lo que no han sabido hacer. Se ha hecho una inversión en docentes y debe consolidarse”, dice.

Señala que “los padres tienen la última palabra” y que “no hay una tendencia en la elección”, sino que depende de la zona. “Donde conviven centros públicos y concertados, la pública está más afectada, por la gran diversidad en su alumnado. Los concertados suelen estar muy bien ubicados”, valora.

Defiende que una de las “grandezas de la pública es que allí donde no llegan otros, la pública siempre está”. Dice: “Estamos en contra del cierre de cualquier centro educativo, pero más en la zona rural, donde cuando un centro cierra, comienza la desaparición del pueblo. Hay necesidad de escuela rural. Son zonas vulnerables”.

La bajada de la ratio es “fundamental” para mejorar la calidad de enseñanza. “Apostamos por 20 alumnos en Infantil y Primaria, y 25 en Secundaria y Bachillerato. Conseguiríamos mejorar el aprendizaje, los resultados y la calidad de la enseñanza. Es una asignatura pendiente”, lamenta. Y es que la Ley establece una ratio máxima de 25 alumnos, no un mínimo. “La Administración debe ser valiente y si queremos tener un sistema educativo público de calidad hay que bajar la ratio. Aún tenemos la oportunidad de mejorar”, termina.

DELEGADO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA, ANTONIO SUTIL

Ante años de un descenso continuo de unidades en los centros educativos públicos, con el ejemplo más reciente en el curso pasado, cuando se perdieron 68 unidades en la provincia jiennense (28 en 2º ciclo de Infantil y 40 en Primaria), el delegado de Educación, Antonio Sutil, no confirma el número de unidades recortadas el presente curso, apuntando únicamente al descenso de alumnos matriculados ante la acusada caída de la natalidad. El curso 2020-21 se matricularon 38.193 alumnos en la pública y 12.884, en la concertada. Este curso bajan a 36.971 en los centros públicos y a 12.694 en los concertados.  El delegado apunta que todas las plazas de los alumnos en los colegios públicos y concertados son públicas. “El alumno es público, por lo que la exigencia con los centros es la misma. Lo que ha crecido o disminuido la pública o la concertada se entiende dentro de un sistema concebido como una red pública. Un padre no está obligado a pagar por la enseñanza de sus hijos en la concertada. No pueden tener ninguna consecuencia. Quien la tenga, que venga a la delegación e informe. Su plaza ya está pagada por la Administración”, advierte.

Cuando hay que recortar unidades ante la falta de natalidad “también afecta a la concertada”, como en la SAFA de Linares. “No ha habido alumnos y se ha recortado. No podemos quitar unidades de centros donde están solicitadas las plazas. La demanda de los padres depende de la zona de escolarización. En el Bulevar de la capital, el colegio más demandado es un centro público (Gloria Fuertes). El claustro de profesores genera dinámicas innovadoras dentro del aula”, señala como el camino a seguir.

Consciente de que hay que hacer más atractivos los centros públicos, denuncia una realidad. “Hay centros educativos con muchos años. Hemos encontrado carencias en infraestructuras, equipamientos y de personal. Estamos haciendo más obras que nunca. Hay más profesores, en número absolutos, y menos alumnos, en números absolutos”, dice. Confirma que los centros que están creciendo en escolarización son los públicos. “Las familias detectan nuevas metodologías. Quieren que haya un proyecto educativo; se informan mucho y lo demanda. Donde hay población, se llenan todos los centros. Cuando los colegios públicos están donde vive gente con niños, están llenos. La presencia de la escuela pública tiene que estar en todos los sitios y hay zonas con carencias de natalidad”, señala. Para contrarrestar esta situación, la esperanza es la nueva oferta educativa de Formación Profesional. “Se pierden unidades en Primaria y suben en Secundaria”, dice. 

Desde Educación se esfuerzan en destacar dónde crece la pública. Sutil pone ejemplos. En Villanueva del Arzobispo donde conviven tres centros públicos y dos concertados, asegura que se solicita más la pública. “La ley nos obliga a escolarizar los niños que no entran en el público en el centro concertado, pero si creemos en la libertad de elección de las familias y ellos quieren un centro público, lo hemos dotado de una unidad más pública, aunque mengüen las solicitudes en el concertado”, defiende. En Úbeda, el instituto público ‘Francisco de los Cobos’ “no deja de crecer en número de solicitudes, donde hay instituciones como la SAFA que llevan años”, continúa. En cuanto al hecho de que los concertados se llenen y estén más solicitados, “tiene que ver por la zona en la que esté el centro, porque hay colegios que llevan más de un siglo funcionando”.   Asegura que en municipios pequeños, la normativa establece el mantenimiento de aulas mixtas y en otros lugares, si la oferta está cubierta, se quitan cupos (profesores). Reconoce que en un pueblo, un colegio como el Muñoz Garnica (capital) “no se hubiera cerrado”.

El centro ‘María Zambrano’ de la capital este curso tiene dos cupos extras, pero no han aumentado las unidades.  “Por qué habiendo menos niños y unidades, hay más docentes, por la Educación especial”, responde. Señala que son “reactivos” a las solicitudes sobre la pública.  “Cuando Maristas tiene demanda para meter más alumnos no les damos una unidad más. Si un centro público tiene demanda, sí se la damos. Los conciertos están bloqueados para bien y para mal”, dice.  En los últimos 10 años no ha habido ningún concierto en la educación obligatoria.   

En zonas como el caso antiguo son “proactivos” con estrategias como la conversión del ‘Santo Tomás’ en conservatorio, “para atraer a niños de otras zonas”.

Reivindica: “Son otras administraciones las que tienen que apostar por los servicios públicos de un barrio para rejuvenecerlo”.