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Martes 30/11/2021  

Huelva

La Junta retomará en septiembre las obras del edificio de Hacienda de Huelva

Encarga a Tragsa la finalización de las actuaciones, que contarán con más de siete millones de presupuesto y un plazo de ejecución máximo de 20 meses

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  • Edificio de Hacienda.

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha encargado a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) la terminación de las obras de construcción del antiguo edificio de Hacienda de Huelva capital, ubicado en la Plaza de la Constitución, que estará destinado a albergar oficinas y espacios de trabajo de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. Así, lo ha anunciado este martes su titular, Bella Verano.

La delegada ha afirmado que “el encargo se notificó el 11 de agosto y la firma del acta de inicio de la obra se materializará en unos días, por lo que durante el mes de septiembre se retomarán las obras en el edificio, que tendrán una duración máxima de 20 meses”. 

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea considera que “es necesario acudir a la vía de urgencia para ejecutar esta obra y disponer del edificio lo antes posible dada la actual situación en la que se encuentra el inmueble tras la resolución del contrato de obra por incumplimiento del contratista y el riesgo de su deterioro”, ha asegurado.

El presupuesto estimado para la realización del encargo asciende a 7.213.334,37 euros. Será financiado en tres anualidades. En 2021, con 1.154.000 euros; en 2022, con 5,6 millones de euros, y en 2023, con 445.000 euros.

La delegada ha explicado que el anterior Gobierno de la Junta suscribió el 16 de abril de 2010 el contrato de servicio de Redacción de Proyecto del edificio, cuyo Proyecto Básico y de Ejecución fue supervisado en marzo de 2012. La crisis económica de ese momento impidió iniciar el proyecto por falta de disponibilidad presupuestaria.

Una vez que fue posible disponer de presupuesto suficiente para acometer la obra fue necesario actualizar el proyecto inicial debido al tiempo trascurrido desde su redacción.

El Proyecto de Ejecución se supervisó el 3 de junio de 2016, aprobándose por Resolución de la entonces Consejería de Hacienda y Administración Pública el 3 de noviembre de 2016.

El presupuesto base de licitación de las obras ascendió a 4.708.444,50 euros, IVA excluido, (5.697.217,85 euros, IVA incluido). El contrato de ejecución de obra fue suscrito el 2 de febrero de 2018 con JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A, por un importe de 3.538.396,04 euros, IVA excluido, (4.281.459,21 euros, IVA incluido), “suponiendo una baja de adjudicación del 24,85 por ciento”, fijándose un plazo de ejecución de 20 meses.

Sin embargo, “el pasado año tras constatar la ausencia total de actividad y el abandono de la obra sin justificación alguna, desde la Consejería de Hacienda y Financiación Europea se iniciaron los trámites para la resolución y liquidación del contrato, que se materializó el 30 de noviembre de 2020”, indica la Junta en un comunicado.

“Los trabajos ejecutados hasta la resolución del contrato -ha explicado Verano- han consistido en la estabilización de las fachadas a conservar y la demolición casi en su totalidad del interior del edificio”.

Partiendo de esta situación, ha sido preciso redactar un nuevo Proyecto Básico y de Ejecución de Terminación, que fue aprobado en febrero de 2021.

La Consejería ha optado por realizar un encargo a un medio propio personificado conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, figura que sustanciará el carácter urgente para acometer la obra, ya que tienen esta consideración los “contratos respecto de los que, por un incumplimiento del contratista, se haya incoado un procedimiento de resolución”.

Tragsa tiene la consideración de medio propio personificado y servicio técnico de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de los cabildos y consejos insulares, de las diputaciones provinciales y de las entidades del sector público dependientes de ellas que tengan la condición de poderes adjudicadores.

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