Huelva

Mesa de la Ría pide al Defensor más protección para los cabezos de Huelva

La organización presenta sus quejas ante la "falta de transparencia" en las tramitaciones urbanísticas

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  • Cabezo de Mondaca. -

Con la intención de que los cabezos de Huelva "sigan siendo una seña de identidad para los onubenses", Mesa de la Ría ha presentado un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para que tenga de primera mano la "falta de transparencia" en las distintas tramitaciones urbanísticas, ya que según los concejales de Mesa de la Ría, “el Ayuntamiento no ha entregado los informes solicitados por este colectivo en el plazo de exposición pública de la modificación urbanística de Mondaca”, por lo que se “incumplen las obligaciones de publicidad establecidas en las leyes de transparencia”.

Ante esta "ausencia" de documentación, Mesa de la Ría explica al Defensor del Pueblo Andaluz que el Ayuntamiento de Huelva "no ha accedido a realizar un nuevo periodo de información pública" con toda la documentación del expediente administrativo, incluyendo los documentos excluidos de la información pública y las respuestas a informes sobre las protecciones geológicas de organismos tan solventes como el Instituto Geológico Minero (IGME). Hay que recordar que la exposición pública de esta modificación se hizo en pleno estado de alarma por el Covid-19, empezando a correr los plazos administrativos el día 1 de junio, "sin que se facilitase la consulta del expediente completo", indican en un comunicado.

Además, Mesa de la Ría explica en su escrito al Defensor que “el Ayuntamiento ha incumplido lo establecido en las obligaciones de transparencia estatal y andaluza porque no se ha llegado a publicar en sede electrónica, ni tampoco se han facilitado todos los documentos que conforman el expediente como es el caso de la exposición pública del pasado mes de julio del cabezo de Mondaca”.

Por otro lado, Mesa de la Ría explica en su exposición la "falta de criterio" del Ayuntamiento al no dar respuesta a la moción de este grupo municipal, aprobada por unanimidad en el pleno de enero de 2016, que daba voz a la reclamación ciudadana que proponía como alternativa urbanística la transferencia de aprovechamiento a otras zonas de la ciudad, a la que el Gobierno municipal "nunca ha dado cumplimento".

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