La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva ha comenzado este miércoles a realizar una segunda ronda de test de Covid-19 al personal de los órganos judiciales, después de que el pasado mes de julio llevara a cabo 561 pruebas entre los funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos.
"El objetivo de esta segunda ronda de test es garantizar la seguridad, prevenir y evitar posibles contagios en los juzgados y responde al compromiso que la Consejería que lidera Juan Marín tiene con el personal de la Administración de Justicia y con los usuarios, más aún con el incremento de contagios que estamos viviendo en los últimos días", ha explicado en una nota de prensa la delegada territorial de Justicia en Huelva, María Ángeles Muriel.
Como ya se hiciera al inicio del verano, las pruebas se ejecutan bajo la coordinación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), dependiente de la Consejería, y se llevan a cabo por un médico forense. "Al igual que en la primera ronda vamos a hacer los test no solo a nuestro personal funcionario, sino que lo extenderemos a los mismos profesionales de la Administración de Justicia que entonces".
De esta forma, la previsión es superar los 560 test rápidos en toda la provincia onubense. En toda Andalucía, serán más de 8.800 pruebas, gracias a la colaboración con la Consejería de Salud que dotará de todas aquellas que sean necesarias.
"Andalucía fue pionera en la realización de estas pruebas al personal de los juzgados, y de nuevo lo somos con esta segunda tanda con la que queremos dar seguridad al personal", ha señalado la delegada.
Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en pocos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.
Los resultados del verano, tras 561 pruebas, arrojaron un porcentaje de seroprevalencia del uno por ciento, y tan solo hubo un caso que dio positivo, aunque posteriormente fue descartado por PCR.
Para la realización de estos test, la Consejería elaboró en su momento un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses.
Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que la Consejería de Justicia mantiene desde el inicio de la pandemia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia, de los profesionales relacionados con ella y de los ciudadanos.
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