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Viernes 22/01/2021

Huelva

Llevan al relator de la ONU la demolición de chabolas en Lucena del Puerto

Denuncian que sucedió el jueves a instancias del Ayuntamiento "sin que la Policía permitiera retirar sus pocas pertenencias" a los inmigrantes del asentamiento

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  • Restos de una chabola en Lucena del Puerto.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha llevado este miércoles al relator de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humamos, Olivier De Schutter, la demolición de las chabolas de personas migrantes en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva).

En un comunicado, la asociación ha denunciado que los hechos tuvieron lugar el pasado jueves "sin que la Policía permitiera a estas personas retirar sus pocas pertenencias y objetos personales, de gran valor para ellas, pues son lo único que tienen".

La asociación ha criticado el comportamiento del Ayuntamiento de Lucena del Puerto que "ha comenzado a destruir de manera sistemática las chabolas sin ofrecer previamente una alternativa de habitabilidad digna para estas personas" las cuales "cuestionan que la Policía poseyera una orden firmada para proceder al derribo, pues la pidieron pero no les fue facilitada".

APDHA considera que "una vez más se ignoran y aplastan los derechos de las personas que trabajan y viven en los campos de la provincia".

Para la organización existe "una absoluta falta de voluntad política para solucionar el déficit habitacional de estas personas, a las que se necesita para nutrir la economía de la provincia, pero que después ven sus derechos duramente vulnerados".

La demolición de las infraviviendas se produce en plena crisis sanitaria por el coronavirus lo que, a juicio de la organización, hace aún más "sangrante" la decisión del Ayuntamiento, ha añadido la organización.

De todo esto se ha dado traslado al Relator de la ONU, recordando además que a esta situación se suma que en lo que va de año las personas migrantes que viven en los asentamientos onubenses han sufrido cuatro incendios entre los municipios de Palos de la Frontera y Lepe, "una realidad devastadora para un colectivo que lleva años esperando una solución que no llega". 

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