El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por unanimidad levantar la suspensión de los dos artículos del denominado ‘decretazo’ de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía que recurrió el Gobierno de España, relativos a la ley audiovisual y a intervenciones en Bienes de Interés Cultural.
El auto razona que el Gobierno central, que es a quien le corresponde la carga de alegar estos incidentes, no ha demostrado que la eficacia de la norma andaluza pueda originar daños irreparables al patrimonio histórico y ni siquiera ha argumentado suficientemente qué perjuicios le puede ocasionar al interés general o particular digno de protección.
Se trata de un golpe en los tribunales del Gobierno andaluz al central, que pidió una revisión de este decreto que modificaba o derogaba parcialmente una veintena de leyes y eliminaba más de 200 trámites burocráticos que afectan a toda la actividad económica andaluza.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha saludado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que el Tribunal Constitucional le “da la razón” a la Junta con una “respuesta contundente”.
Ha explicado que las conversaciones con el Ejecutivo nacional para negociar estos dos puntos “siguen en curso” pero ha considerado que el Constitucional “ha parado el ataque del PSOE a la autonomía de Andalucía”.
Bendodo ha lamentado que el recurso y la posición del PSOE en este asunto ha demostrado el interés de ese partido “por torpedear todo lo que pone en marcha el Gobierno de Andalucía”.
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