La Asociación Mesa de la Ría ha presentado ante la Junta de Andalucía un Recurso de Alzada contra la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que se autoriza el "Proyecto de Mejoras Operativas y de Seguridad al Proyecto de Recrecimiento del Depósito de Estériles del Proyecto de Riotinto".
La asociación está convencida, según ha precisado en un comunicado, de que de seguir adelante este proyecto "se pondría en grave peligro a los bienes y vidas humanas de una gran parte de la población de Huelva y a la fauna".
Ha considerado que de igual manera que en el desastre de Aznalcollar, "al final sería la Junta de Andalucía la que asumiría la gestión económica del desastre con la recaudación de nuestros impuestos, pero nadie se responsabilizaría de los miles de vidas humanas que pudieran perderse".
La asociación ha indicado que la resolución recurrida es "contraria a derecho" y se opone a ella desde el mismo título, al considerar que "no corresponde mínimamente con la realidad, ya que ni hay recrecimientos ni hay mejoras, sólo cortinas de humo para justificar una arriesgada disminución de costes y de inversiones en beneficio único de las cuentas de Atalaya Riotinto Minera".
Ha precisado que la resolución "sólo pretende legalizar la ilegalidad cometida durante los últimos 5 años con la total connivencia de la administración competente tanto en materia minera como medioambiental, ya que la operativa ilegal incumplía también los condicionados de la Autorización Ambiental Integrada".
Tras sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en 2018 y 2019 dictaminan negativamente resoluciones de la Dirección General de Industria y Minas, el proyecto en este tramo final presenta "una característica constitutiva de nulidad", la referida a la actuación que ahora debe ejercer como responsable al frente de la Secretaría General de Industria y Minas, Fernando Arauz, quien "promovió el proyecto como director general y apoderado de la hoy Atalaya Mining".
En este punto, ha recusado a esta secretaria como el órgano decisorio en el recurso de la Resolución al "estar viciado e invalidado por un evidente conflicto de intereses que deriva en incompatibilidad"
La asociación ha cuestionado el proyecto técnico que es "fácilmente denunciable", ya que la administración, "en lugar de obligar a la operadora a cumplir sus condiciones, acepta los incumplimientos, rebaja su importancia, permite que se siga operando en condiciones ilegales y le solicita la presentación de un proyecto que permita legalizar la ilegalidad".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
