El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a las administraciones, a los empresarios y a las organizaciones agrarias que busquen de forma coordinada y con urgencia una solución para acabar con la "situación de degradación" en la que viven los temporeros.
Fernández Marugán reclama que se garanticen sus derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas, ya que la pandemia ha puesto de manifiesto "con toda su crudeza, problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo, haciendo saltar las costuras del sistema".
El Defensor destaca que durante las semanas en que todo estaba parado por las medidas de confinamiento, los temporeros han salido al campo a cosechar los frutos, lo que ha servido para visibilizar la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes que "con frecuencia se ven sometidos a condiciones laborales y de vida deplorables".
Fernández Marugán cita como ejemplo de esas situaciones de degradación, los asentamientos chabolistas cronificados de Huelva o Almería, o las condiciones en las que viven estos trabajadores en Lleida, donde muchas de ellas duermen en las calle.
La institución denuncia que la mayoría de estos trabajadores carecen de un "adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión de covid, de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene".
Fernández Marugán lamenta que ni las administraciones públicas, ni los empresarios agrícolas, ni las organizaciones agrarias hayan sido capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores unas condiciones de vida y laborales dignas.
El Defensor anuncia que, con independencia de las investigaciones que mantiene abiertas respecto de varios asentamientos y campañas agrícolas, algunas de las cuales llevan años tramitándose sin haber logrado los cambios sustanciales reclamados, está realizando un análisis global de la situación de este colectivo.
"Este análisis está cimentado en la convicción de que una democracia avanzada como la española no puede permitir situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen", concluye.
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