La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha remitido al Gobierno central el reparto de los proyectos a cargo de los 51,7 millones de euros (51.718.498 euros) asignados a Andalucía por el Fondo Social. Esta cuantía tendrá como finalidad financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales, para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19. Una vez remitidos los proyectos, el Gobierno tendrá que transferir los créditos, algo a lo que se ha comprometido a hacer entre el 10 y el 30 de abril.
Dicha distribución incluye un total de 29.054.998,59 euros a las Corporaciones Locales, 22.107.770 euros a la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y 2.556.729,40 euros a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).
De la cuantía destinada a las corporaciones locales, la provincia de Almería recibirá 2.476.147,76 euros; Cádiz percibirá 4.282.200,37 euros; para Córdoba se destinarán 2.703.591,86 euros; Granada, 3.158.342,68 euros; Huelva, 1.801.994,03 euros; Jaén, 2.187.668,47; Málaga, 5.738.070,12; y Sevilla, 6.706.983, 3 euros.
En el caso de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva percibirá 496.061,99 euros, la Diputación (832.255,57 euros), Aljaraque (73.409,84 euros), Almonte (83.530,45 euros), Ayamonte (72.325,61 euros), Isla Cristina (73.423,65 euros), Lepe (94.718,03 euros) y Moguer (76.268,89 euros).
Estas cantidades se destinarán, según los criterios establecidos en el Fondo Social, para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares que se hayan podido ver suspendidos en los centros de día, compra de EPIs, y refuerzo de los servicios de respiro.
Igualmente, se destinarán a reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, población en la que se dificulta la obligatoriedad del confinamiento decretado por el estado de alarma; a reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales y a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.
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