La denuncia del relator de la ONU, Philip Alston, sobre las condiciones de extrema miseria en la que viven inmigrantes -la mayoría de ellos subsaharianos- en asentamientos chabolistas de Huelva ha puesto en el candelero internacional una realidad que existe desde hace décadas y que no encuentra una solución.
Alston visitó uno de estos campamentos, el ubicado en Lepe, pero no es el único, ya que en la provincia onubense se levantan otros en Palos de la Frontera, Moguer o Lucena del Puerto.
La existencia de estos asentamientos se remonta a finales de la década de los años 80 del siglo pasado y treinta administraciones y empresarios no han sabido darle una respuesta, dilatando su mantenimiento en el tiempo con una población que ha tenido sus altibajos pero que, desde hace unos años, se mueve en torno a las 2.000 personas.
En todos se repiten las mismas condiciones de vida denunciadas por el relator de la ONU: paredes y techos de palés y plásticos que conforman viviendas de una sola estancia mucha veces compartida, mobiliario improvisado con cajas y cartones y útiles logrados bien por la caridad de los vecinos o bien con el dinero que ganan trabajando en el campo, tarea a la que se dedica la gran mayoría de ellos.
Lo de la electricidad y el agua potable y servicios higiénicos es impensable. Cáritas Diocesana de Huelva hizo el año pasado un análisis integral de las necesidades de las personas que viven en estos asentamientos señalando el derecho al acceso al agua potable como "la mayor y más urgente de las prioridades", más allá incluso que el poder contar con una vivienda digna.
Muchos piensan que la mayoría de la gente que vive en estos asentamientos son indocumentados, pero nada más lejos de la realidad: más del 70 % de estas personas, que son principalmente de origen subsahariano, cuenta con papeles y son contratados legalmente por empresas agrícolas.
"Somos trabajadores y hacemos nuestro trabajo, por eso merecemos vivir en viviendas dignas y no en chabolas", mantienen desde el Colectivo de Trabajadores Africanos, creado tras el incendio registrado en septiembre en otro de los asentamientos de Lepe -uno de los tantos que se contabilizan en estos núcleos- a raíz del cual convocaron hasta dos manifestaciones para reclamar una soluciones habitacionales a administraciones y sector.
Consideran que sus derechos "son pisoteados" al consentir que vivan en esas condiciones que les impiden asearse, alimentarse o descansar dignamente después de cada peonada.
El problema radica en las dificultades que tienen para encontrar un lugar digno para vivir, bien sea por la ausencia de albergues en los que cubrir sus necesidades básicas, bien por la falta de oferta de viviendas para alquilar, pues no son pocos los reticentes a facilitar que personas extranjeras hagan uso de ellas.
Sea como fuere, se trata de un problema al que hay que dar solución; ya en 2001 el Defensor del Pueblo Andaluz emitió un informe sobre la situación de los asentamientos chabolistas en Huelva y de eso han pasado ya casi 20 años sin que se le haya puesto remedio; ello ante la dejación de las administraciones y un sector agrícola que no se considera responsable de la situación.
La visita del relator parece que ha removido el asunto, y desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno central ya se ha anunciado que revisarán las chabolas de los temporeros en Huelva y harán los cambios normativos necesarios para que Inspección de Trabajo pueda "personarse e intervenir".
Una medida que deberá de venir acompañada de otras muchas que no caigan en saco roto y en las que, de una vez por todas, lejos de pasarse la responsabilidad unos a otros, deberán de implicarse administraciones -desde las europeas a las municipales- y agentes sociales y económicos para lograr esa respuesta "global, participada y definitiva" a estas personas.
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