El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado firme la sentencia dictada en abril del 2019 que anula la resolución de 23 de enero del 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de autorización de reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la mina de Riotinto (Huelva).
Fuentes del alto tribunal andaluz han informado a Efe de que la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado una diligencia de ordenación, de fecha 13 de enero, donde declara dicha firmeza, tras inadmitir a trámite el Supremo el recurso que presentó Atalaya Riotinto Minera, propietaria de la mina, contra esa sentencia.
Esta sentencia ahora firme es consecuencia directa de la que anulaba la autorización ambiental unificada de 27 de marzo del 2014 del proyecto de explotación por defectos en su tramitación.
La anulación se justificaba en la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental (GICA) que dispone que "las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental no podrán ser objeto de Licencia Municipal de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución sin la previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en esta Ley".
El Supremo inadmitió el recurso de la empresa por "falta de fundamentación suficiente" para abordar la cuestión que subyace en el fondo de la sentencia recurrida: la exigencia de una autorización ambiental válida, previa a un acto de autorización de reinicio de trabajos que precisan de dicho permiso.
La sentencia da la razón a Ecologistas en Acción, organización que siempre ha puesto en duda que el proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas de lodos durante los diez años de vida útil permitidos por la anulada autorización.
En estos momentos, la Junta de Andalucía está tramitando una nueva Autorización Ambiental Unificada para la mina, de forma que se subsane el defecto de forma que llevó a la anulación de la primera y se pueda garantizar a futuro la actividad de estas instalaciones mineras.
Este martes, los alcaldes de la Cuenca Minera urgían a la administración autonómica a otorgar dicha autorización "sin excusas y dilaciones".
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