El Juzgado de lo Penal 4 de Huelva ha condenado a 1 año y 6 meses de cárcel a los dos administradores de una empresa agrícola de Almonte (Huelva) por extraer ilegalmente durante años agua subterránea del acuífero 27, que surte de agua a Doñana, para el riego de su plantación de frutos rojos.
La condena está recogida en el acuerdo de conformidad alcanzado hoy, día en que estaba previsto que se celebrara el juicio contra ellos, entre las partes, según han informado a Efe fuentes judiciales.
Se ha tenido en cuenta que los acusados ya en noviembre de 2018 habían cerrado siete pozos y una captación de agua y que han admitido todos los hechos colaborando con la administración de Justicia y renunciando a sus pruebas de defensa, por lo que se les ha apreciado las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía.
Se les considera responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con grave riesgo de perjudicar gravemente al equilibrio de los sistemas naturales, y además de la pena de cárcel se le impone el pago de una multa de 1.800 euros y 6 meses de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con la agricultura; a la empresa se le condena a abonar otra multa de 6.000 euros.
Las penas de prisión se suspenden por dos años con la condición de no cometer ningún delito y abonar en ese plazo el total de la indemnización; además deberán cerrar el resto de pozos y captaciones e indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por los daños en una cantidad que rondará los 70.000 euros que el organismo de cuenca deberá dedicar a la mejora del Espacio Natural Doñana.
Los acusados han reconocido que realizaron extracciones de agua subterránea a través de una sociedad limitada dedicada al cultivo de la fresa, al menos, desde el año 2009 hasta el año 2013 en varias parcelas de propiedad del Ayuntamiento del paraje 'La Cañada' abarcando el cultivo una superficie total de 34 hectáreas.
Los condenados han estado utilizado agua subterránea del Acuífero 27 para la explotación de frutos rojos, sin autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por lo que se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero con el consiguiente perjuicio para el espacio protegido de Doñana e incumpliendo la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).
Se estima que la empresa ha detraído en el período en que se centran los hechos 1,2 millones de m3 de agua y ha obtenido una producción superior a los 11 millones de kilo de fruta. EFE
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