El equipo jurídico de Facua-Consumidores en Acción ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este pasado verano relacionado con el consumo de productos de la empresa Magrudis, que impute por un posible delito de prevaricación a un responsable municipal.
En su último escrito, presentado este jueves, Facua solicita esta imputación y que el Ayuntamiento de Sevilla sea considerado responsable civil subsidiario. Así, el Consistorio tendría que asumir el pago de las indemnizaciones que se acordarán por encima del seguro de Magrudis --que sólo cubre 300.000 euros-- y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles, ha informado la asociación en un comunicado.
Al respecto, aseguran que no dará a conocer la responsabilidad que ocupa esta persona en el Ayuntamiento hispalense hasta que sea aceptada su imputación, según ha adelantado el Diario de Sevilla en su edición de este jueves.
Por su parte, la investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Consistorio que las que ya había dado a conocer Facua en los últimos meses. "Si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016", señala la asociación.
Cabe recordar que Facua ya denunció a finales de agosto "un cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del Consistorio hispalense dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles".
Además, pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, "ésta no se produjo hasta agosto, como consecuencia de la alerta por Listeria en sus productos".
En septiembre, Facua calificó de "extremadamente grave" que el Ayuntamiento no clausurara Magrudis en diciembre de 2018 cuando la empresa presentó "una declaración responsable, en lugar de la preceptiva solicitud de licencia, llena de irregularidades, las cuales no fueron detectadas porque no se revisó la documentación".
Ahora, han lamentado desde la asociación, el último informe elaborado los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil "ha revelado más irregularidades".
Hace unos días el equipo jurídico de Facua-Consumidores en Acción anunció que pediría a la juez que "varios responsables municipales", sin especificar sus cargos, del Consistorio hispalense fueran citados a declarar.
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