El pasado 29 de octubre, un escalofrío de indignación generalizada sacudió la provincia de Cádiz al hacerse público que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción decretaba libertad provisional para los hermanos Francisco y Antonio Tejón, líderes del clan de los Castañitas, una de las principales organizaciones del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, previa fianza de 120.000 euros al primero, cantidad ya abonada, y de 200.000 al segundo.
“Dejarles en libertad supone una invitación a que continúen con su actividad criminal”, afirmó la mismísima fiscal antidroga en el Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo Marín. Una fuente policial indicó que este tipo de situaciones “causan desánimo en los agentes que luchan contra el narcotráfico. Nadie sabe la presión que soportamos y el trabajo que conlleva cerrar cualquier operación. Pero si encima ocurren estas cosas, pues apaga y vámonos”.
Estos hechos se repiten, a veces a menor escala, mucho más de lo que aparece en los medios. Veamos un ejemplo reciente.
Nos remontamos primero a noviembre de 2015, en la costa de La Janda. En sus idílicas playas, tras una operación contra el tráfico de drogas en El Palmar (Vejer), se detiene a varios miembros del clan de los Antones.
En la misma participó activamente un agente de la Guardia Civil, C. O., condecorado en varias ocasiones y que participó en su día en la detención del Abdellah El Haj, el ‘Messi’ del hachís, considerado en su momento como el mayor narcotraficante del Campo de Gibraltar y que, casualidades de la vida, ha vuelto a huir de España. “Vaya cojones que tenéis”, comentó ‘Messi’ a los agentes de la Judicial cuando se vio en los humildes calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Barbate.
Pero sigamos. Tras la actuación en El Palmar, el agente, natural de Barbate, comenzó a recibir amenazas para que no declarara contra los detenidos. “Tu situación no es como la de tus compañeros, estos viven fuera… tienes que mirar para otro lado con la gente del pueblo”, indica el auto que le dijeron en presencia de otro compañero y dentro del propio cuartel de la Guardia Civil los entonces presuntos narcos.
Le queman el coche
En dos ocasiones, en el transcurso de los meses posteriores a la detención, las ruedas de su vehículo particular amanecieron rajadas con un cuchillo de grandes dimensiones y ya en marzo de 2016, el coche fue presa de las llamas. El incendio fue provocado y claro, se inició una minuciosa investigación.
Por suerte, gracias a las imágenes de unas cámaras de seguridad de un taller cercano se logra identificar al autor del incendio… un sobrino de los detenidos en la citada operación en El Palmar. También se imputa como inductores a otros dos familiares.
Entre tanto, en 2018 se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio por narcotráfico de esa operación. Resultado: condena de seis años de prisión para los detenidos, sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.
Pasa el tiempo y en febrero del presente año llega la vista en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz por el incendio. Los delitos a juzgar son por daños y otro posible por obstrucción a la justicia, es decir, por amedrentar a un agente para impedir que declare. Los imputados, el sobrino y los dos supuestos inductores.
La Fiscalía solicitaba cuatro años y seis meses de prisión por el primer delito y dos años y seis meses por el segundo. La defensa pide la absolución de los tres acusados.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, se señala que “no cabe duda de que el autor material de los hechos” fue el sobrino, “ya que él mismo lo ha reconocido”, pero que “una vez analizada la prueba practicada en su conjunto no podemos llegar a la convicción de que” los otros dos acusados de “tuvieran alguna participación como inductores en los hechos que se le imputan en la presenta causa”… “no existe prueba directa, no existe audio, ni grabación que determine que los acusados hayan ordenado de manera directa y claramente la ejecución de los hechos que se le imputan induciendo” al autor confeso “a incendiar el vehículo” del agente denunciante.
Por lo tanto, se condena al autor del incendio por un delito de daños por incendio a un año de prisión y a indemnizar al agente con 200 euros por la silla portaniños y por los daños en su vehículo, 1.105 euros, al tiempo que absuelve a los otros dos acusados.
El agente se encuentra de baja desde el pasado mes de mayo, cuando se enteró de forma no oficial de la sentencia.
Desanimado, hastiado por una situación que considera inaceptable, el guardia civil no entiende cómo “a día de hoy”, nadie se ha puesto en contacto con él para comunicarle el resultado del juicio, máxime, cuando “trabajamos codo con codo con jueces y fiscales en la lucha contra el narcotráfico”, pero aún así “obtuvo una copia de la sentencia por terceras personas”.
“No se trata del dictamen del juez, el cual respeta. No tiene nada que ver con las penas de un año o la absolución. Él no quiere ensañamiento con los acusados, lo que siente es que está solo, que le han abandonado. No tiene nada en contra de los acusados, ni pretende que le caigan más años. De hecho, aceptó con la defensa que se le rebajase la pena si el principal acusado se disculpaba en sala judicial, algo que no ocurrió y aún así se le rebajó”, relatan fuentes cercanas a su persona.
“Se siente solo, abandonado… es complicado realizar tu trabajo y que luego no cuentes con apoyo en las instancias judiciales. Detienes a ‘los malos’, estos te amenazan y luego ves que no pasa nada. Que están en la calle”, indican las mismas fuentes. “Con qué ánimos puede seguir trabajando”.
Abandonado a su suerte
“Es difícil de asimilar que un agente que realiza su trabajo, coordinado con jueces y fiscales, sea abandonado a su suerte cuando se presenta un problema derivado del mismo”, añaden para recordar que “la propia Fiscalía de Cádiz alertaba en septiembre de la escalada de violencia por parte de los narcos, no entendiendo cómo no existe un protocolo específico para proteger a los agentes que luchan día a día contra esta lacra”.
Lo lógico “es contar con el apoyo de fiscales y jueces sobre todo cuando las amenazas que recibes son motivadas por hacer bien tu trabajo y por lo menos que se le comunique la sentencia para no conocerla por terceras personas”, indican las fuentes.
Por lo tanto “no es de extrañar que la ciudadanía se niegue a colaborar con las autoridades en este tipo de asuntos sabiendo el riesgo al que se enfrentan, así como tampoco sea de extrañar que los propios agentes no se sientan protegidos por las instituciones que debieran hacerlo y finalmente acaben viéndose obligados a mirar para otro lado”.
Es la soledad del agente en su lucha contra el poder del narco.
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