Actualizado: 20:54 CET
Viernes, 15/11/2019

Huelva

Recurso del Ministerio para la Transición contra las torres de Punta

La promotora asegura que emprenderá "todas las acciones legales posibles" contra los responsables de Costas

  • Obras de urbanización en el solar del macroproyecto de Punta Umbría.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) de aprobación definitiva del proyecto urbanístico residencial 'William Martin', conocido como el de las dos torres de 19 pisos en los antiguos depósitos de agua, para lo cual era necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), al considerar que vulnera el artículo 30 de la Ley de Costas.

El recurso, consultado por Europa Press, ha sido presentado por el abogado del Estado en representación de la Dirección General de las Costas y el Mar, dependiente del citado Ministerio, después del requerimiento previo realizado al Consistorio el pasado mes de julio para que anulara el proyecto al considerar que su aprobación definitiva mediante dicho acuerdo "vulnera las disposiciones establecidas en la Ley de Costas".

Por su parte, el TSJA ha admitido a trámite este recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de julio de 2019 por la que se rechaza el requerimiento de anulación del acuerdo plenario.

En concreto, se trata del acuerdo plenario de aprobación definitiva de la Modificación Puntual número 17 del PGOU variante 1ª Avda Ciudad de Huelva, Sector SUNC 'Antiguos depósitos', aprobada con el voto en contra de IU y UPU.

En la misiva que envió el Miteco al Ayuntamiento recordaba el informe de la Dirección General de Costas de 14 de febrero de 2019, preceptivo y vinculante, con carácter desfavorable al proyecto porque considera que "las edificaciones de 19 plantas de altura en un entorno de vivienda unifamiliar familiar aislada y bloques de PB+3 no cumplen los requisitos que la jurisprudencia ha establecido al respecto".

ACCIONES LEGALES


Por su parte, la sociedad Riaumbría, empresa promotora del proyecto, ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales posibles" contra los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Huelva, una vez que "se ha constatado con documentos oficiales que este organismo emitió hasta tres informes que autorizaban el desarrollo del proyecto urbanístico y residencial William Martin al no estar afectado por la Ley de Costas".

La decisión de Riaumbría se produce una vez que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente de Miteco, ha presentado el citado recurso. Al respecto, en un comunicado, la empresa ha señalado que los responsables de la citada Dirección General "consideran ahora que el proyecto sí está afectado por la Ley de Costas".

A juicio de la empresa, este último criterio "contradice hasta tres informes emitidos por este organismo durante el periodo de tramitación pública del proyecto, los cuales dan vía libre al Ayuntamiento de Umbría para acometer esta actuación urbanística".

Según han señalado desde Riaumbría, "este cambio de criterio de un organismo público, pese a la existencia de tres informes anteriores propios, tiene consecuencias jurídicas para los responsables que lo han promovido, por los perjuicios económicos que esto provoca en una empresa que adquiere unos terrenos porque existe una seguridad jurídica aportada por todas las administraciones competentes".

Ríaumbría basa su actuación especialmente en dos de los tres informes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que dan luz verde al proyecto ya que en ambos se llegan a repetir los mismos argumentos.

Desde la compañía aseguran que "los informes tienen fecha de 4 de octubre de 2012 y 12 de junio de 2013 y ambos están firmados por el jefe de planeamiento de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, José María de Miguel Carpintero, y se refieren a la Modificación puntual nº5 del PGOU de Punta Umbría que emprende el Ayuntamiento de esta localidad para ordenar todo el espacio urbano ocupado por la zona de aparcamientos y los depósitos de agua en desuso junto al cuartel de la Guardia Civil".

En los dos informes, como conclusión final, se expone que "dado que el ámbito objeto de la Modificación se encuentra fuera de dominio público-terrestre y de la zona de servidumbre de protección, y no está afectado por las determinaciones de la Ley de Costas, esta Dirección General no tiene nada que objetar a la Modificación Puntual nº5 del PGOU de Punta Umbría". El pronunciamiento de Costas se basa en que los suelos urbanos de Punta Umbría no están afectados por la Ley de Costas ya que los terrenos son urbanos en este municipio desde 1985 y la citada Ley entró en vigor tres años después, en 1988.

Estas resoluciones de la Dirección de Costas fueron algunos de los argumentos principales recogidos en los informes en positivo elaborados por la Secretaría del Ayuntamiento de Punta Umbría y por la propia Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que daban validez al proyecto.

Sin embargo, el pasado mes de febrero la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar emitió por sorpresa un nuevo informe, ahora desfavorable a la Modificación Puntual número 5 del PGOU de Punta Umbría aprobada por el Ayuntamiento, contradiciendo sus propios acuerdos anteriores favorables a esta actuación.

Por todo ello, Riaumbría ha considerado que el cambio de criterio lo deciden los responsables de esta Dirección General en Huelva, "quienes además contrario a lo legalmente dispuesto mantienen que el último informe es vinculante, lo que abre las puertas para acudir a los tribunales". De igual manera, considera acreditado legalmente que los informes y pronunciamientos de Costas son "en este caso de carácter preceptivo, pero nunca vinculantes, aspecto que deja sin justificación acudir a la vía contencioso administrativa".

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