El exalcalde de Bollullos Par del Condado Francisco Díaz Ojeda (Independientes por Huelva) ha aceptado este lunes una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación tras haberse alcanzado un acuerdo de conformidad entre las partes.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, Díaz Ojeda ha aceptado esa pena referente a un delito de prevaricación ocurrido en 2014 sobre la firma de una serie de contratos fraccionados para el montaje de la feria de Bollulos y por lo que iba a ser enjuiciado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva este lunes.
Cabe recordar que la Fiscalía pedía inicialmente para el acusado la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público además del abono de las costas derivadas del proceso.
En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal argumenta que "en la fecha de los hechos, entre los meses de julio y agosto de 2014", el entonces primer edil "suscribió siete contratos con la mercantil 'Espectáculos A. Conde S.L.' para la realización" "de servicios para la feria local de ese año, siendo conocedor de que existían una serie de reparos por parte de la Intervención y de los Servicios Jurídicos de dicho Ayuntamiento".
Así, el escrito continúa diciendo que "con este proceder se vulneraba lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, según el cual "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".
Concretamente, el exalcalde firmó con la empresa seis contratos que en total suman más de 85.230 euros, que van desde la menor cuantía de 7.623 euros hasta los 20.570 euros por conceptos relacionados con la celebración y montaje de la feria local, desde instalaciones de alumbrado, escenario, carpas, caseta municipal, iluminación de actuaciones, módulos para camerinos y actuaciones musicales, entre otros. "Todo ello --continúa el escrito-- siendo conocedor de los reparos de legalidad emitidos por la Intervención en el año 2013" e "incluso en años anteriores, por considerar que el proceder descrito", referido a varios contratos para estos menesteres "constituía un fraccionamiento de contratos".
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