Los afectados por la llegada de manera masiva de multas de la zona ORA en Huelva han formado una plataforma para aunar su lucha contra este envío del Ayuntamiento y estudian con un despacho de abogados las medidas judiciales que pueden emprender para defender sus derechos puesto que ven "injusta" estas multas, ya que muchas de ellas corresponden a ejercicios pasados, llegando incluso a diez años atrás.
Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press Nacho Rivera, coordinador de esta plataforma, a la que se han sumado ya unas 300 personas, aunque se estima que los afectados alcancen los miles. Por ello, ha instado a los que se hayan visto perjudicados a que acudan este jueves a la reunión informativa donde miembros del despacho jurídico Granado y Méndez informarán sobre las posibles acciones judiciales en contra del Ayuntamiento de Huelva.
Así, Rivera ha señalado que esta plataforma se creó para luchar contra el envío masivo de sanciones a ciudadanos de Huelva "obviando todo el curso procedimental del mismo", así como ha incidido en que hay casos donde las multas acumuladas suman cuantías de mil euros, llegando en algunos casos hasta los 5.000 euros.
Ante esto, ha incidido en la importancia de la unidad de acción y ha criticado "el afán recaudatorio" del Consistorio, al que ha reprochado que "eche balones fuera" con esta cuestión puesto que la medida que ofrecen plantea "una paralización pero no la suspensión" de la sanción.
RESPUESTA MUNICIPAL
Por su parte, la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, hizo este miércoles un llamamiento a los ciudadanos afectados por la notificación de miles de multas de la zona ORA y de tráfico que "se impusieron con los anteriores mandatarios del PP",
--incluso hace más de diez años-- y que, por "la nefasta gestión de los mismos, no han dado la cara a los afectados hasta este año, obligándonos la Ley a ponerlas ahora al cobro en periodo ejecutivo so pena de incurrir en un delito".
El equipo de gobierno (PSOE) ha pedido a los afectados que soliciten la suspensión de las multas puesto que es "la única vía" que la Ley deja al Ayuntamiento para garantizar los derechos de los afectados, que deben acudir a las oficinas de recaudación o del Servicio de Gestión Tributaria (SGT) para rellenar un formulario que supondrá "la suspensión automática del procedimiento".
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