Unidos Podemos ha pedido explicaciones al Gobierno tras la agresión sufrida por un guarda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por parte de "agricultores ilegales" en Doñana. El grupo confederal reclama medidas para proteger a estos funcionarios que trabajan para vigilar la seguridad en el entorno de los parques naturales.
A través de una iniciativa registrada en el Congreso, firmada por el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, se busca que el Ejecutivo se manifieste en relación a los más de 2.500 pozos de extracción de agua que, según el Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial de Ordenación en el ámbito de Doñana, están dañando el espacio natural.
Según denuncia el partido ecologista, un borrador de dicho plan elaborado en 2010 determinaba que, al menos, 852 de estos pozos son ilegales e incluso la Comisión Europea dio un ultimátum a España, en 2017, advirtiendo de la necesidad de emprender acciones reales para garantizar la buena salud de uno de los humedales más importantes del país.
UN ESTUDIO SOBRE LOS POZOS
Asociaciones como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife o WWF, entre otras, fueron las que denunciaron la agresión a este guarda en los pinares de Lucena del Puerto (Huelva), cuando cumplía con su mandato de inspeccionar una finca agrícola "con numerosos pozos ilegales en el entorno de Doñana".
Para Equo es necesario que el Ejecutivo tome medidas al respecto y tenga un estudio real de cuántos pozos existen en los alrededores del parque natural, para determinar, al mismo tiempo, cuáles son ilegales y cuáles no.
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