Los organismos gubernamentales y/o administraciones públicas tienen el derecho y el deber de velar por la integridad de todos y cada uno de los ciudadanos, garantizando su salud, seguridad y calidad de vida en cualquier aspecto. Es tarea prioritaria prevenir aquellas situaciones de riesgo por el bien de todos cuantos confirmamos esta sociedad y en todos los ámbitos.
Soy de aquellos que asumen las inspecciones, controles de calidad y auditorías como una necesidad por el bien común, siempre que sea aplicable con coherencia y equidad, y con esa premisa fundamental anteriormente expuesta. Es de rigor eliminar a cualquier nivel los posibles imprevistos que esta sociedad pueda generar, adaptándose a la constante evolución e implantando nuevas normativas muy necesarias que minimicen el impacto del avance social, contrarrestando desigualdades o carencias que puedan existir.
Es la base fundamental de cualquier sociedad civilizada y, a cualquier tipo de actividad social o empresarial se le requiere estar al orden de cuantas normativas se regulen, siendo esta imposición un requisito legal tipificado para su funcionamiento. No es concebible ni aceptable, que dichos parámetros marcados en base sean obviados, hasta tal punto, de poder cerrarse actividad, o como mínimo, asumir las denuncias pertinentes.
Menos en Huelva, y más concretamente, con los fosfoyesos. Aquí no es aplicable ninguna ley preventiva, no importan las posibles alteraciones medioambientales, de salud, etc. Según datos, las balsas han sido una de las áreas más estudiadas de los últimos años, con medidas y conclusiones de todo tipo, y aún así, siguen esquivando controles, inspectores y auditores que por simple prevención, certifiquen su eliminación total. Permítanme un claro ejemplo: en Arrabales, entidad en la que desarrolló mi actividad laboral, un auditor me exige tener un termómetro calibrado para medir los termómetros calibrados que usamos regularmente para conocer la temperatura del agua del grifo -rizar el rizo-. No tengo más que añadir. Lo que ocurre en Huelva, al margen de ser un atentado contra esta ciudad, es responsabilidad de todos y cada uno de los onubenses, y mientras sigamos mirando hacia otro lado, nada cambiará.
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