La Policía Nacional de Huelva ha detenido a un hombre de 48 años y una mujer de 46, ambos pareja, por la supuesta simulación de un delito tras presentar una falsa denuncia de un robo con fuerza, en el negocio de ambos, una churrería, con el fin de cobrar el seguro.
Los detenidos, que carecían de antecedentes policiales, habían interpuesto la falsa denuncia, argumentando que habían sufrido en el local que regentaban la sustracción de absolutamente toda la maquinaria industrial, así como también otros efectos.
Según ha informado la Policía en una nota de prensa, de este modo, presuntamente pretendían el enriquecimiento ilícito con la posterior venta y, además, denunciar al seguro el falso robo.
Durante la investigación, los agentes especializados en fraudes de este tipo de delitos albergaron dudas razonables de la veracidad de los hechos, en los que, además, se sucedieron varios acontecimientos que hacían suponer que "en realidad se trataba de un engaño por parte de los denunciantes".
Efectivamente, comprobaron que los ahora detenidos "habían denunciado un falso asalto en su negocio, para de ese modo lograr estafar al seguro, cuando en realidad lo que habían hecho era vender todos los efectos".
De este modo, gracias al trabajo llevado a cabo por la Policía Nacional, la estafa no llegó a producirse y los detenidos, una vez instruidas las correspondientes diligencias, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
La actuación de la Policía Nacional en este tipo de delitos en el que destacan como aliadas la investigación y la innovación, como herramientas dentro del campo de la 'Policía Predictiva', tiene un potencial de aplicación práctico muy significativo y un resultado de precisión elevado. Así, advierten que presentar una denuncia falsa es un delito que tiene consecuencias tanto para el individuo como para el sistema, que además suelen ir acompañadas de otros delitos como las estafas.
Además, recuerdan que la falsa denuncia ha supuesto el empleo de recursos humanos y materiales, que han sido distraídos de las funciones de prevención y represión del delito, generando un perjuicio a los ciudadanos y a la administración pública.
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