Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José asesinados por su expareja José Bretón, ha pedido este lunes que no se derogue la prisión permanente revisable para los condenados por delitos de asesinato, sobre todo si los fallecidos son menores.
En declaraciones a Europa Press, Ruth Ortiz ha señalado, no obstante, que sí ve viable que no se aplicara a los condenados por otro tipo de delitos. En este sentido, asegura que "si la Constitución actualmente está encaminada para la reinserción, que reinserten a otro tipo de presos".
Hay que recordar que a raíz de la muerte de la joven madrileña Diana Quer se ha abierto el debate público sobre si se debe derogar esta figura penal o no, como es el caso de la plataforma Change.org, que recoge firmas en contra de su posible eliminación, sobre todo tras una iniciativa original del PNV que cuenta con el apoyo de todos los grupos de izquierda y de los independentistas en el Congreso, tramitada desde octubre y que persigue anular esa figura penal.
Por su parte, Ruth Ortiz, en varias ocasiones, ha pedido la prisión permanente para su expareja José Bretón, condenado a 25 años de cárcel como responsable del doble asesinato de sus hijos de seis y dos años que desaparecieron en Córdoba el 8 de octubre de 2011.
Al respecto, en septiembre de 2016, aseguró que "no se va a reinsertar, no se arrepiente y esa persona no pinta nada fuera de la cárcel", incidiendo en que es partidaria de aplicar en este caso la prisión permanente.
La madre de Ruth y José, los dos pequeños que desaparecieron en un parque de Córdoba y que mantuvo en vilo a España hace ahora más de seis años, reconoció que teme por su vida en el caso de que su expareja pudiera conseguir algún permiso penitenciario. "Según mi teoría, es lo que le quedaría pendiente", señaló.
La Audiencia Provincial de Córdoba condenó en julio de 2013 a José Bretón a 40 años de cárcel por el doble asesinato, aunque en marzo de 2015 la condena se vio rebajada hasta un máximo de 25 años, atendiendo al recurso presentado por su defensa. Tanto el Tribunal Supremo como el de Derechos Humanos de Estrasburgo confirmaron esta última pena.
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