El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asegurado este jueves sentirse "muy tranquilo" y ha negado su participación en el caso del presunto soborno a concejales de 'Sí se puede' en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) para supuestamente frustrar la moción de censura impulsada por el PP en la citada localidad, gobernada por el PSOE, el pasado mes de enero, después de que el Juzgado de Instrucción 1 de Huelva haya levantado el secreto de las actuaciones y haya comenzado a citar a investigados y testigos por presunto cohecho y tráfico de influencias.
En declaraciones a los periodistas, y preguntado por este asunto, Caraballo ha señalado que se siente "con total tranquilidad", así como que aún no ha declarado ni tampoco conoce la fecha.
Sobre el asunto en sí, ha asegurado que no tiene "nada que decir", pero ha dejado claro que quiere "aclarar su participación porque no he tenido ninguna", indicando además que "el PSOE actuó como se dijo en aquel comunicado de prensa", remitiéndose a un comunicado enviado por su partido cuando un vecino de la localidad interpuso la denuncia.
En el mismo, el PSOE de Huelva aseguró que "nunca negocia situaciones laborales de nadie" remarcando que "el hecho de que entre a formar parte del equipo de gobierno (PSOE-IU) un concejal de la formación Podemos, bajo las siglas de 'Sí se Puede', es absolutamente legítimo y entra dentro del juego democrático".
El caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación 'Sí se puede', en la que exponía que la citada moción de censura fue retirada "tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en una empresa pública a la mujer de uno de los dos ediles electos de 'Sí se puede'", aportando unas grabaciones.
En las mismas, según el denunciante, un supuesto intermediario del PSOE y miembro de CCOO "ofreció a Pedro Escalante, uno de los dos concejales de 'Sí se puede', una concejalía y cobrar por asistencia a juntas de gobierno" y al otro, Francisco Martín, "un puesto de trabajo para su mujer en la empresa pública Aguas de Huelva", dejando patente que "ésta no debía saber nada".
Ante esta situación, aseguraba el denunciante que se retiró de la reunión mantenida en un bar de Aljaraque y que dos días después recibió una llamada de Escalante informándole "sobre una rueda de prensa y sobre unos cursos de los que podría beneficiarse" el denunciante, momento en el que éste "comenzó a grabar conversaciones telefónicas" al sentirse como "si le estuvieran comprando su voluntad".
De igual manera, señala que al día siguiente le comunica a Francisco Martín que "tiene estas conversaciones grabadas pidiéndole que le acompañara a interponer una denuncia, a lo que se negó". En la causa hay seis investigados por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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