El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio para conocer la "entidad real" de los riesgos que acechan al Espacio Natural de Doñana y, en su caso, proponer medidas para garantizar su conservación y ofrecer una información transparente a la ciudadanía sobre su situación.
La actuación, según se recoge en el escrito de apertura, al que ha tenido acceso Efe, obedece a la necesidad de que "se despejen dudas" sobre esos riesgos, máxime cuando son frecuentes las noticias que hacen alusión a diferentes afecciones, ya tengan su origen en causas naturales, ya en la acción del hombre, que pueden poner su conservación en peligro.
Destaca Maeztu que "el reconocimiento mundial de su singularidad no ha evitado que en su entorno se realicen actuaciones o se proyecten infraestructuras que, año tras año, vienen siendo, no obstante la discrepancia que suscitan, motivo de alarma: la ruptura de la balsa de Aznalcóllar; el fallido proyecto del oleoducto y refinería de Balboa; el dragado del río Guadalquivir; la sobrexplotación del acuífero con centenares de pozos ilegales; los proyectos de gas o la conexión por carretera Huelva y Cádiz".
Estas noticias, en su opinión, "generan una inquietud muy justificada, habida cuenta de que, con frecuencia, ha sido el movimiento ecologista, la sociedad civil, los medios de comunicación, quienes han frenado propuestas que habían recibido todas las bendiciones en los despachos públicos".
La motivación esgrimida en todos estos proyectos suele ser la necesidad de potenciar las actividades económicas relacionadas con el empleo, tan necesario en Andalucía, pero "el desarrollo económico que no es compatible con el respeto a los valores ambientales no es sostenible".
Por ello, el Defensor ha decidido iniciar esta actuación tanto ante órganos autonómicos como dependientes de la Administración General del Estado, con objeto de ofrecer una total transparencia sobre la situación del espacio natural, aportando información veraz y clara sobre la misma, al tiempo que pretende que, en un futuro, "se deseche, definitivamente, cualquier proyecto e iniciativa que pueda poder en riesgo su adecuada conservación".
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