Ante el "malentendido" generado con la situación del cierre al tráfico rodado del dique Juan Carlos I, tanto la Autoridad Portuaria de Huelva como la Subdelegación del Gobierno han decidido manifestar de manera conjunta que esta situación responde a "criterios consensuados por ambas instituciones", junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía y el Paraje Natural de Marismas del Odiel.
En una nota de prensa remitida por el Puerto este miércoles se pone de manifiesto que "desde hace tiempo se vienen detectando problemas en la utilización" que se hace de la infraestructura del dique, que no cuenta con características técnicas para la libre circulación de vehículos a motor y que desde hace años mantiene la prohibición de acceso de este tipo de vehículos.
Debido a los problemas de seguridad detectados, se celebraron diversas reuniones entre las administraciones implicadas el pasado año. Fruto de estos encuentros, tras la reunión mantenida el 10 de julio de 2015, se decidió valorar la "adopción de una serie de medidas que garantizasen la seguridad en el dique", entre ellas el cierre del mismo al tráfico rodado y todas aquellas encaminadas a evitar las acampadas y aparcamientos ilegales que dificultasen el acceso de vehículos de emergencia en caso de ser requeridos.
Finalmente, el cierre del dique se llevó a cabo de manera parcial en 2015 con el acuerdo de "todos" y el pasado 29 de junio el Puerto de Huelva comunicó a las administraciones implicadas su intención de ejecutar la decisión adoptada de cierre sin que hubiera ninguna objeción.
Por todo ello, a partir de esta fecha, el Puerto de Huelva procedió al cierre de la barrera que da acceso del tráfico rodado al dique Juan Carlos I para garantizar el cumplimiento de la normativa portuaria y dar respuesta a la decisión adoptada fruto de las reuniones mantenidas.
Tanto la Subdelegación del Gobierno como la Autoridad Portuaria de Huelva "coinciden en la oportunidad de esta medida", de obligado cumplimiento según la normativa estatal de la Ley de Puertos del Estado, para velar por la seguridad en esta zona, sobre todo ante la masiva afluencia de visitantes en verano y ante el reiterado incumplimiento de la señalización, que prohíbe el acceso del tráfico rodado a la zona desde hace tiempo.
Igualmente, ambas instituciones mantienen su "disposición a reunirse con el colectivo de pescadores deportivos", junto a todas las administraciones implicadas.
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