La Fiscalía de Huelva ha solicitado el pago de 146.400 euros a los administradores de la finca 'El Avispero', ubicada en Bonares (Huelva) en concepto de multa e indemnización derivada de la extracción ilegal de agua continuada del acuífero 27, que surte de agua al Espacio Natural de Doñana.
Se da la circunstancia de que uno de los acusados es uno de los condenados en la conocida como sentencia de 'El Avispero' dictada en 2010 por la Audiencia Provincial de Huelva, que fue calificada de "ejemplarizante" porque por primera vez castigaba penalmente los delitos por construcción ilegal en Doñana y que a día de hoy aún está pendiente de ejecución.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal, considera a estas personas, padre e hijo, responsables de un delito Continuado de Usurpación-Distracción de Aguas Públicas, por el que procede imponer a cada acusado la pena de multa de seis meses con una cuota diaria de 50 euros -9.000 euros-.
Además, solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en 128.410 euros, y estarán obligados a su costa a desmantelar los pozos de riego construidos. La indemnización,
Relata el fiscal que los acusados, padre e hijo, como administradores de hecho y de derecho (el Padre hasta febrero 2012 y el Hijo desde esa fecha) de la una entidad cooperativa explotaban la finca "El Avispero", sita en Bonares.
Esta finca comprende en parte suelo forestal catalogado como Zona A del POTAD, (Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana) y zona de influencia del Espacio Natural Doñana, reconocido como uno de los humedales de mayor valor del mundo.
En la comarca de Doñana se localiza el acuífero 27 "Almonte-Marismas" que tiene una gran relevancia medioambiental y humana, pues alimenta al Espacio Natural Doñana.
Los acusados con intención de asegurar el riego de la parte de la finca destinada a usos agrícolas (unas 60 hectáreas de plantación de Arándanos en macrotúneles de plástico), han realizado, al menos desde el año 2008 sin que conste permiso ni autorización legal pertinente, obras para disponer de nueve pozos con brocal a cielo abierto y "autobombas" sumergibles y han extraído agua de riego subterránea sin dotarlos de ningún tipo de contador para calcular lo extraído y sin que conste el pago de ninguna cantidad por ello.
Destaca el fiscal además que, con posterioridad a la condena de 2010, los acusados, con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actividad agrícola en la finca, mantuvieron la extracción no autorizada de agua y aprovecharon la hondonada natural del terreno como segunda balsa con afectación del arroyo cercano "Arroyo del Espartero", algo constatado por el Seprona.
Desde 2008 a 2014 los acusados han obstaculizado sistemáticamente, las labores inspectoras de las Administraciones competentes.
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