El juzgado de lo Penal número 1 de Huelva acogerá el próximo 28 de noviembre el juicio oral contra los acusados del caso Hiconsa, por una posible corrupción urbanística. Se trata del exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán y su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como la mujer de éste, un arquitecto y el administrador de la empresa Hiconsa, por un delito de prevaricación, otro continuado contra la ordenación del territorio y otro de tráfico de influencias, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Este caso se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA de Cartaya, que están personados como acusación popular, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.
Los denunciantes expusieron que dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y, al ser cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura, aseguran que el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido más de tres millones de euros en esa operación urbanística.
Por estos hechos, en febrero de 2013 la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Cartaya, solicitó para el exalcalde de la localidad y su teniente de alcalde tres años de prisión para cada uno y 17 años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito de prevaricación y por otro continuado contra la ordenación del territorio.
Además, pidió para el arquitecto el pago de una multa de casi 5.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos; ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, un año y medio de prisión y una multa de 465.000 por euros por un delito de tráfico de influencias.
Para el administrador de Hiconsa, la acusación pide un año y medio de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por un delito de tráfico de influencias, así como la pena de dos años de prisión más la pena de ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por el delito de contra la ordenación del territorio.
A su vez, para la esposa de Novoa solicitó dos años de prisión más ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la Fiscalía formuló conclusiones absolutorias para todos ellos.
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