La titular del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha dictado apertura de juicio oral contra Carlos Estévez, exdirector de Minas de Riotinto (MRT), y otros tres acusados, por los delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida/estafa, con los que se enfrentan a tres años y seis meses de prisión, fijándose la fianza en 3,24 millones de euros, que deberán presentar en un día o procederán a embargar sus bienes.
El auto de la magistrada, comunicado este jueves 13 de marzo a las partes, decreta la apertura de juicio oral tras la demanda por estafa y apropiación indebida que inició Shorthorn Limited contra Estévez y los otros tres imputados (Elvira Núñez del Prado, José Luis Núñez del Prado y Luis Arias Fontanal), a los que consideraba sus testaferros, tras la venta de MRT a la empresa suiza.
La magistrada, que ratifica la libertad de los imputados, les da un día de plazo para consignar los 3,25 millones de euros de fianza, que de no ser abonada obligará al embargo de sus bienes.
La Fiscalía imputa a los tres acusados un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que solicita la imposición de una pena única de tres años y seis meses de prisión y una multa de nueve meses con pena diaria de 12 euros, más las penas accesorias y las costas. Además, como responsables civiles solidarios por el daño causado a Shorthorn pide una cuantía de 2.792.820,64 euros, más los intereses.
Por su parte, la acusación particular les imputa un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa básico, que subsidiariamente sería de apropiación indebida en concurso con un delito de falsedades.
Además, incrementa la petición de pena y la duplica, elevándola a los seis años de prisión y multa de 15 meses a razón de 30 euros al día, más las penas accesorias y las costas, incluidas las de la acusación.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación eleva la petición para los acusados hasta los 3.235.162,72 euros, una suma obtenida de los 2.262.864,49 euros que fueron transferidos a IEG (una de las sociedades de Estévez y sus “testaferros”) “sin que conste su destino”, más los 652.170,67 euros “desviados a sociedades propias o de terceros sin los que las compañías MSA -Mantesur Andévalo- o IEG tuvieran actividad mercantil”, y otros 320.127,56 euros “mediante el pago de otras tantas facturas falsas”, más los intereses legales.
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