El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, se ha pronunciado este martes sobre la situación de los inmigrantes que ocupaban el asentamiento de chabolas de Lepe (Huelva), ubicado cerca del cementerio de la localidad y en el que este lunes sobre las 15,00 horas se produjo un incendio que afectó finalmente a más de 50 chabolas y dos vehículos. Pérez Viguera se ha ofrecido a incrementar las medidas de coordinación para facilitar todas las copias de los documentos de residencia y de trabajo de estas personas que han podido perder tras el fuego, pero ha dejado claro que "las competencias" relacionadas con los asentamientos "no son del Estado, sino del Ayuntamiento".
En declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con representantes del sector cárnico de la provincia para analizar la nueva Norma de Calidad del Ibérico, y preguntado por este asunto, el subdelegado ha remarcado que es el Ayuntamiento del municipio, en este caso de Lepe, "el que tiene las competencias", indicando además que buscar el alojamiento y el lugar de residencia para estas personas "será competencia del Ayuntamiento donde residan".
"Se puede hacer algo desde el punto de vista municipal y lo pueden hacer desde la administración andaluza y desde la administración central, como incrementar un sistema de sustitución de estos asentamientos", ha enfatizado el subdelegado.
En este sentido, ha remarcado que el Consistorio de Lepe, gobernado por el popular Juan Manuel González, ha ofrecido asistencia al permitir que estas personas puedan pasar dos noches en el polideportivo municipal y en un albergue que tiene la asociación Cepaim en Tariquejo.
No obstante, ha lamentado que "el problema no es el incendio, sino la precariedad de los medios con los que están construidos estos asentamientos", pero ha indicado que si estas personas no tuviera perspectivas de trabajo "no estarían aquí" y ha señalado que estos "tienen contratos de trabajo en vigor y viven en asentamientos por proximidad racial o étnica". Ha asegurado que estas personas "no están en tierra de nadie", a lo que ha añadido que la asistencia sanitaria de la mayor parte "está siendo desarrollada por una ONG".
Al respecto, Manuel Andrés González, presidente del PP de Huelva y alcalde de Lepe hasta hace unos meses, ha insistido en que, teniendo en cuenta la situación económica actual, los ayuntamientos "no tienen capacidad económica para atender las necesidades de alojamiento de los inmigrantes" y ha añadido que "ahora es la Junta la que tiene que dar una respuesta exhaustiva a esta situación" al ser la administración con más competencias en esta materia.
ALBERGUE MUNICIPAL
En este punto, se ha referido al albergue para inmigrantes que se estaba construyendo en Lepe, cuyas obras se encuentran al 80 por ciento de ejecución pero paralizadas por la situación de crisis, y ha subrayado que el Ayuntamiento "devolvió la subvención de 300.000 euros a la Junta cuando estas obras quedaron en suspenso", por lo que el Gobierno andaluz "ha dado cero céntimo de euros". González ha remarcado que el Ayuntamiento de la localidad, "sin tener competencias para ello", decidió construir este albergue que ha costado "1,5 millones de euros".
A su vez, ha recordado que cuando se paralizaron las obras se puso en contacto con la antigua Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Huelva para "poner a disposición de la Junta lo construido hasta ese momento y pedirle que abriera ese albergue".
No obstante, ha hecho hincapié en que las cuestiones en materia de Viviendas de Protección Oficial (VPO) "son competencia de la Junta y tiene que ser la propia Junta la que colabore con los ayuntamientos para dar cobijo a estas personas".
Por último, ha abogado por "buscar una solución entre todas las administraciones", ya que facilitando el alojamiento durante dos días en un polideportivo "no se soluciona el problema", además este espacio "no es el sitio idóneo para ello y tiene que cumplir otras funciones".
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