La organización WWF considera que tanto la Junta de Andalucía como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) están yendo "a lo fácil" en relación a la ubicación del centro de aviones no tripulados en Moguer (Huelva), en el entorno de Doñana, en una zona de monte público.
En declaraciones a Efe, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, se ha referido a la prevalencia aprobada hoy por el Consejo de Gobierno del interés público científico-tecnológico sobre el forestal en una superficie de 75 hectáreas de pinar de monte público de dicha localidad para instalar este centro, el primero en España de aviones no tripulados de grandes dimensiones y tecnología avanzada.
Carmona ha precisado que "lo fácil es descatalogar 75 hectáreas de monte público para no tener que hacer otro tipo de operaciones como compra de fincas o expropiaciones, en caso de que la ubicación se hubiera fijado en terrenos privados. lo que implicaría muchos más trámites y recursos económicos".
En este sentido, ha precisado que a pesar de que 75 hectáreas "puedan no parecer muchas" se suman a las cerca de 2.000 hectáreas de monte público que ya ha sido descatalogado en el entorno de Doñana.
"No puede ser que se ocupe monte público para cultivo y que ahora pretenda legalizarse con el Plan de la Corona Forestal; que se presente un proyecto de almacenamiento de gas que también afecte a este tipo de terrenos, y que ahora se pretenda construir un proyecto de estas características también en monte público porque éste no puede ser el donde las administraciones desarrollen las actividades que consideren oportunas por el simple hecho de ser ellas titulares", ha dicho.
En este sentido, considera que en vez del interés científico-tecnológico este asunto "debería de prevalecer el interés de la conservación del monte público y de sus ecosistemas que, en este caso, son importantes para Doñana".
La organización considera que el centro se podría ubicar en otros lugares del entorno "de menor valor ecológico" que son privados y lamenta que la propia Junta de Andalucía "haya reconocido su incapacidad para buscar alternativas".
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